* Para fortalecer la ética, prevenir la corrupción y recuperar la confianza ciudadana……
Con la convicción de que un gobierno honesto no sólo se promete, sino que se construye con reglas claras, principios firmes y mecanismos efectivos de prevención, el diputado del Grupo Parlamentario de morena Gerardo Pliego Santana presentó una iniciativa para expedir la Ley de Integridad Pública del Estado de México y Municipios, una propuesta orientada a fortalecer la ética en el servicio público, robustecer el control interno y consolidar instituciones más transparentes, responsables y cercanas a la ciudadanía.
La iniciativa establece un marco jurídico para promover, regular, garantizar y fortalecer la integridad pública en la actuación de las personas servidoras públicas de los poderes del Estado, organismos autónomos y entes públicos estatales y municipales, así como de particulares vinculados en términos de la legislación aplicable.
Su propósito es asegurar la legalidad, la transparencia, la responsabilidad, la ética, la rendición de cuentas y la participación ciudadana como bases del ejercicio público.
Más que una nueva norma, la propuesta representa una visión de gobierno: pasar del combate reactivo a la corrupción a una cultura institucional de prevención, donde la integridad no sea excepción, sino regla.
En ese sentido, la iniciativa reconoce instrumentos concretos como los programas institucionales de integridad, los mapas de riesgos, los códigos de ética y conducta, la declaración de integridad, la capacitación obligatoria y los mecanismos permanentes de evaluación y mejora.
Entre sus alcances, la propuesta contempla que las personas servidoras públicas suscriban una Declaración de Integridad como manifestación de compromiso ético, además de recibir capacitación anual obligatoria en temas como ética pública, conflictos de interés e integridad en el ejercicio de sus funciones.
También impulsa acciones coordinadas entre el Estado y los municipios para fortalecer una verdadera cultura de integridad en las instituciones.
La iniciativa también pone especial atención en las contrataciones públicas, al establecer que los procesos de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública deberán sujetarse a principios de integridad, trazabilidad, prevención de la corrupción, transparencia y rendición de cuentas.
Asimismo, plantea medidas para evitar prácticas indebidas, como el direccionamiento de bases o el fraccionamiento de contratos para evadir procedimientos de licitación.
De acuerdo con el documento, esta ley se concibe como una norma marco complementaria, que no sustituye otras disposiciones en materia de responsabilidades administrativas o sanciones, sino que las fortalece desde una lógica preventiva.
Con ello, se busca elevar los estándares de conducta ética en el servicio público, reducir la incidencia de faltas administrativas y delitos, homologar prácticas de integridad en los 125 municipios y fortalecer la confianza ciudadana en sus instituciones.
La propuesta, además, destaca por surgir como un ejercicio de colaboración democrática entre el Poder Legislativo y personas integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, lo que refuerza su sentido social, su legitimidad pública y su compromiso con una transformación profunda de la vida institucional mexiquense.
Con esta iniciativa, el diputado Gerardo Pliego Santana plantea una ruta clara: que la integridad deje de ser sólo un discurso y se convierta en una práctica cotidiana dentro de cada oficina, cada procedimiento y cada decisión pública.
