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Propuestas punitivas no logran erradicar violencia feminicida en México

Incrementar los años de prisión para sancionar delitos relacionados con la violencia feminicida no ha sido suficiente para erradicar el problema que se ha enraizado en México por años.

Recientemente, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presentó una propuesta para que el tipo penal de feminicidio sea homologado a nivel nacional y, además, las penas por cometer dicho delito se aumenten. Pero ¿esto realmente erradicaría la violencia contra las mujeres?

Para la organización EQUIS Justicia para las Mujeres, lo sugerido por el ministro Zaldívar tiene un enfoque especial en el punitivismo e “invisibiliza los factores estructurales que fomentan la violencia contra las mujeres en general y el feminicidio en particular”.
El documento presentado por Arturo Zaldívar también ignora la existencia de herramientas de prevención de las violencias como las órdenes de protección o políticas públicas como los Centros de Justicia para las Mujeres, pues “se centra en el reforzamiento de la pena“.

“Tiene una visión individualista y patologizante del feminicidio: Más aún, jerarquiza qué asesinatos se han de castigar más que otros (como si hubiera vidas que importaran más que otras), prima la revictimización y se centra en quién comete el delito. Omite leyes que, en efecto, se centran en los derechos de las mujeres, entre ellas la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General de Víctimas, las cuales prevén medidas de rehabilitación, restitución, compensación y satisfacción… incluso, no utiliza los estándares de reparación integral del daño”, destacó EQUIS Justicia.

La organización sentenció que el proyecto de ley no entiende la perspectiva de género  y crea “soluciones” con fórmulas preestablecidas para juzgar de manera mecánica.
En ese sentido, cabe preguntarse: ¿por qué presentar propuestas que buscan incrementar las penas cuando dichas sanciones no han logrado reducir los niveles de violencia contra las mujeres?, ¿por qué no concentrarse en evitar dicha violencia?

La respuesta parece simple: la impunidad no ha permitido que logre erradicarse ni combatirse la violencia feminicida, incluso con los marcos legales existentes que pretenden hacerlo.

Por ello, el principal enfoque debería ser la prevención y atención de la violencia: de nada servirán más leyes y sanciones si estas no se aplican, pues en México 97 por ciento de los casos de feminicidio quedan en la impunidad, de acuerdo con la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)

En ese sentido, la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada Mendoza, expresó que los marcos legales y protocolos ya están, por lo que instó a las autoridades a acatarlos y trabajar desde la perspectiva de género: “El problema es que aunque tengas el mejor tipo penal, la autoridad es machista“, aseveró la activista y abogada feminista.

Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres, la ruta de injusticia no se verá frenada si se perpetúan acciones como la falta de comprensión de las autoridades de seguridad pública para entender la desigualdad y violencia que enfrentan las mujeres y niñas a lo largo de su vida; la falta de capacidades y respuesta institucional adecuadas; la revictimización e insuficiente atención brindada a las denuncias, así como las omisiones y falta de rigor científico en las investigaciones o las prácticas misóginas al responsabilizar a las víctimas.

Ante el panorama mexicano, más allá de reforzar las penas para quienes violenten a las mujeres desde el punitivismo jurídico, es importante analizar el problema de fondo, a quienes odian a las mujeres
y son aliados del patriarcado: las instituciones y los servidores públicos.

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