* En su acusación, señala la presunta omisión o complicidad de dependencias federales y estatales como Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y Comisión Nacional del Agua, así como de autoridades municipales y judiciales que, según afirma, han frenado trámites agrarios clave para otorgar certeza jurídica al territorio……
Por Mireya Álvarez
Habitantes del pueblo indígena de Santo Tomás El Pedregal, en el municipio de Valle de Bravo, lanzaron una enérgica denuncia pública contra lo que califican como una red de despojo territorial, persecución judicial y protección institucional a intereses inmobiliarios que, aseguran, buscan expulsarlos de tierras que históricamente les pertenecen.
A través de una carta abierta dirigida al magistrado Héctor Macedo García, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, la ciudadana Maribel Reyes González expuso una serie de presuntas irregularidades legales, presiones institucionales y procesos judiciales que, afirma, han sido utilizados para criminalizar a su comunidad.
En el documento, la denunciante señala que durante años ella, su familia y decenas de habitantes del poblado han sido citados repetidamente a juzgados en Toluca, Temascaltepec y Valle de Bravo para enfrentar acusaciones que califican como “infundadas y absurdas”.
Según la carta, estas acciones legales habrían sido promovidas por particulares vinculados con el apellido Quintanilla y directivos de la institución financiera Banca Mifel, a quienes responsabilizan de impulsar litigios que, aseguran, han deteriorado la economía familiar, la estabilidad social del pueblo y la salud emocional de adultos mayores que han tenido que destinar su pensión a costear defensas legales.
De igual manera, la denunciante afirma que el conflicto gira en torno a una dotación de tierras otorgada por decreto presidencial a sus antepasados, documento que, asegura, ha sido ignorado por diversas autoridades agrarias y administrativas.
En su acusación, señala la presunta omisión o complicidad de dependencias federales y estatales como Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y Comisión Nacional del Agua, así como de autoridades municipales y judiciales que, según afirma, han frenado trámites agrarios clave para otorgar certeza jurídica al territorio.
Además del conflicto legal, la comunidad denuncia daños ambientales derivados de la expansión de fraccionamientos campestres en la región, una zona considerada natural protegida en la cuenca de Valle de Bravo. De acuerdo con los pobladores, la expansión inmobiliaria ha provocado pérdida de bosques, afectaciones a manantiales y destrucción de parcelas agrícolas.
“Nos arrebataron más de cien hectáreas y destruyeron cultivos con maquinaria pesada. Incluso se nos negó levantar denuncias por estos hechos”, señala el documento.
Frente a lo que consideran abandono institucional, los habitantes crearon el Colectivo Pro Defensa y Conservación del Agua, Bosques, Flora, Fauna, Territorio y Derechos Humanos del Pueblo Indígena de Santo Tomás El Pedregal, una organización comunitaria que agrupa a cerca de 500 personas de origen mazahua.
Ante ello, el colectivo ha implementado guardias comunitarias permanentes para proteger el territorio restante ante nuevos intentos de invasión.
Por ello, en la carta, la comunidad advierte que varios de sus integrantes enfrentan procesos penales y temen incluso ser encarcelados por delitos que aseguran no cometieron.
Ante esta situación, Maribel Reyes González pidió al presidente del Poder Judicial mexiquense revisar el caso y frenar lo que calificó como una cadena de “fraudes procesales, tráfico de influencias e irregularidades judiciales”.
“Pedimos que la justicia sea para quien la merece y no para quien puede pagarla”, señala el documento, en el que también se solicita reactivar los procedimientos agrarios pendientes y sancionar a los responsables del presunto despojo.
La comunidad indígena advirtió que su lucha continuará en defensa del territorio y del patrimonio natural que, afirma, han protegido por generaciones.
