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Pueblos indígenas marchan en la capital argentina contra reforma constitucional

Miembros de más de 400 comunidades indígenas que hace una semana iniciaron una masiva caravana en protesta contra la reforma constitucional impuesta en la provincia de Jujuy, en el extremo norte del país, por el gobernador Gerardo Morales, arribaron a Buenos Aires, la capital argentina, para continuar con sus reclamos.

La marcha multitudinaria conocida como ‘El Malón de la Paz’, que durante los últimos días ha tenido presencia en diversas provincias argentinas donde han elevado sus demandas para que sea derogada la polémica y criticada reforma efectuada por Morales en Jujuy, ha recorrido varias calles y avenidas de la ciudad de Buenos Aires, donde los manifestantes con banderas y consignas han dejado claro su descontento.

Los integrantes de la caravana, que serían más de 1.000 personas, buscan elevar sus reclamos ante el Congreso y la Corte Suprema, debido a que consideran que la reforma de Morales es inconstitucional y pone en riesgo a la provincia de Jujuy y el derecho que tienen sobre las tierras y las aguas, sobre todo ante los intereses económicos que tendría el gobernador con respecto a la explotación del litio.

Al llegar a Buenos Aires, justo en la fecha que se celebra el Día de la Pachamama, la caravana, que inició su recorrido en la ciudad jujeña de La Quiaca, se concentró en la Plaza Miserere y luego recorrió la avenida Rivadavia, una de las principales arterias de la urbe, pasó por las sedes del Congreso y la Corte Suprema, y se instaló en el Obelisco, el punto neurálgico de la capital argentina.

“El pueblo unido jamás será vencido” y “Morales, basura, vos sos la dictadura” fueron algunas de las consignas que vociferaron al unísono los manifestantes por las calles de Buenos Aires y en referencia a la represión ejecutada por su gobierno provincial.

Esta es la tercera ocasión que los pueblos originarios realizan un ‘Malón de la Paz’ hacia Buenos Aires, desde que el conflicto en Jujuy se recrudeció en junio pasado a raíz de las imposiciones de Morales, quien también es precandidato a la Vicepresidencia por la coalición derechista Juntos por el Cambio, y la fuerte represión policial que ordenó contra las masivas manifestaciones.

El descontento popular escaló en junio con la reforma constitucional impulsada por Morales, un político conservador que decidió prohibir el derecho a la protesta a través de “cortes de calles y cortes de rutas”, así como “toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas y la ocupación indebida de edificios públicos” en la provincia de Jujuy.

La polémica y las tensiones se avivaron con la aprobación de una nueva Constitución provincial, que no fue consultada a la ciudadanía, ignora la voz de los pueblos indígenas de la zona y criminaliza el derecho a la protesta, de acuerdo con organismos de derechos humanos.

El descontento ante la normativa regional ha exacerbado la ola de manifestaciones, que no cesan desde entonces, y que han incluido paros regionales de una diversidad de gremios que no aceptan la reforma y piden derogarla. Sin embargo, el gobernador Morales insiste en reprimir las protestas, que han dejado cientos de heridos y múltiples detenciones.

En las movilizaciones contra lo que han llamado “la dictadura de Morales”, los manifestantes denuncian detenciones arbitrarias, estigmatización de la actividad sindical, brutalidad policial que ha apuntado “con letalidad” contra los ciudadanos y la insistencia de mantener “una reforma constitucional viciada, aprobada a espalda de los intereses colectivos y violatoria de derechos”.

La difícil situación en Jujuy y los hechos represivos han generado fuertes críticas del Gobierno Nacional y el presidente Alberto Fernández, quien pidió que la controvertida norma sea declarada inconstitucional. De igual forma, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por el “uso excesivo de la fuerza” por parte de las fuerzas de seguridad.

Como respuesta al clima de confrontación social, Morales prometió la derogación de dos artículos de la reformada Constitución local, en referencia a la propiedad y explotación de las tierras. Sin embargo, ratificó su defensa de la represión como política central contra las movilizaciones.

“Manifestarse es un derecho constitucional, pero cuando cortan una ruta ya cometen un delito”, expresó el político, que hace llave con Horacio Rodríguez Larreta, actual jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y que es precandidato presidencial de Juntos por el Cambio.

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