Por Mireya Álvarez
La onda expansiva de las protestas que paralizaron siete puntos neurálgicos del Estado de México y la capital del país finalmente alcanzó las oficinas de mando, y en un movimiento que busca contener el incendio político y social, el coordinador estatal del IMSS-Bienestar, Natán Enríquez Ríos, ordenó la destitución inmediata de Godwin González Estrada, quien hasta el pasado 12 de febrero fungía como titular de Atención Médica en la entidad.
La caída de González Estrada no es un hecho aislado, sino la respuesta a un cúmulo de expedientes que retratan un sistema de salud carcomido por la discrecionalidad financiera y el desabasto inducido.
Mientras el personal de salud tomaba las calles denunciando la falta de insumos básicos, al interior del organismo se gestaba una acusación de dimensiones millonarias, a González Estrada se le atribuye la autorización de compras de medicamentos por más de mil 500 millones de pesos bajo condiciones irregulares como la presunta aceptación de lotes próximos a vencer sin cartas de canje; señalamientos por un esquema de “moches” y favoritismo comercial e irregularidades en el manejo de biológicos contra el sarampión, en plena vigilancia epidemiológica estatal.
La salida del exfuncionario desenterró denuncias que datan del año pasado, el historial incluye desde la supuesta “venta de plazas” y el desvío de recursos, hasta el uso faccioso de personal femenino para actividades particulares, lo que había generado un clima de hostilidad interna insostenible.
Fuentes cercanas al sector aseguran que el detonante final de su remoción fue un intento de involucrar al propio coordinador estatal, Enríquez Ríos, en prácticas ilícitas con proveedores. Pese a que González Estrada buscó cobijo en diversos grupos de poder para proyectar una carrera ascendente, la presión de las movilizaciones y la gravedad de las auditorías internas terminaron por cerrarle el paso.
Con esta baja, el IMSS-Bienestar busca dar una señal de orden a los trabajadores inconformes del ISEM, sin embargo, la remoción deja abierta la interrogante sobre el paradero de los fondos destinados a la salud de los mexiquenses y la responsabilidad legal que deberá enfrentar el ahora exdirector ante el posible daño patrimonial.
