De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2023 había en México un promedio de 10.8 agentes y/o fiscales del fuero común por cada 100 mil habitantes, que es la cifra más alta en los últimos ocho años. En 2016 había 8.3.
Con las cifras más recientes que reporta la institución, si se analizan las estadísticas al respecto, llaman la atención los casos de Guerrero, que en 2023 tenía 3.0 y en 2018 eran 8.7; Aguascalientes, que en 2023 tenía 5.9 y en 2018 eran 10.8; Chiapas, que en 2023 tenía 5.9, cuando en 2018 tenía 10.8; y Michoacán que en 2023 tuvo una tasa de 9.4, cuando en 2018 eran de 12.1.
Tenemos fiscalías reactivas
Por otra parte, según el Almanaque 2024. Balance de Justicia Penal México, realizado por World Justice Project (WJP), la actuación de las corporaciones aprehensoras y de las fiscalías es esencialmente reactiva a la comisión de delitos, muchos de ellos de poca relevancia.
Según la organización, prueba de ello es que la posesión ilegal de drogas representa 25 % de los delitos federales con sentencia, lo que genera altas cargas de trabajo y desgaste institucional, sin contribuir a la seguridad o contención de los fenómenos delictivos.
Así, la crisis de violencia y seguridad que atraviesa el país difícilmente tiene una correspondencia con la actuación del aparato penal del Estado, que está reflejada en quienes se encuentran en prisión.
Subraya que la falta de profesionalización en la investigación y persecución del delito apunta hacia la necesidad que existe de invertir esfuerzos y recursos en las capacidades institucionales con las que cuentan las fiscalías y las corporaciones aprehensoras.
También refiere que la certificación del personal enfrenta obstáculos significativos en la falta de transparencia sobre el número de elementos acreditados en control de confianza, competencia y desempeño, impidiendo una verdadera rendición de cuentas sobre la idoneidad de quienes integran estas instituciones.
En materia de certificación, Chihuahua cuenta con el mayor número de servidores públicos certificados, junto con Veracruz, Puebla y Tabasco. En contraste, las instituciones de procuración de justicia en Chiapas, Ciudad de México y San Luis Potosí, son las que cuentan con la menor cantidad de personal certificado.
Del mismo modo, en el ámbito de la evaluación de competencia, un estudio de organizaciones no gubernamentales detectó que la mayoría de las entidades no cuentan con manuales o lineamientos para la realización de evaluaciones a ministerios públicos y peritos.
Sin embargo, destacan Baja California Sur, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Querétaro, Tabasco y Yucatán, por ser las únicas entidades que evalúan las competencias de los tres perfiles sustantivos.
Los análisis de una serie de indicadores sobre certificación muestran con mejores calificaciones Michoacán, Puebla y Estado de México y en los últimos lugares Coahuila, Colima y Morelos.
En materia de profesionalización, los esfuerzos de capacitación también exhiben inconsistencias, tanto en el número de cursos como en las horas invertidas.
Según el documento, si bien hay entidades que reportan un elevado número de capacitaciones, no siempre se correlaciona con una gran cantidad de horas de formación.
Por ello, diversas organizaciones civiles concluyen que la profesionalización del personal de procuración de justicia en México avanza, pero de manera desigual y con una urgente necesidad de estandarización, inversión equitativa en todos los perfiles y una mayor transparencia.
