* Solo después de protestas y presión pública, autoridades de salud restablecieron tratamientos suspendidos en hospitales del Estado de México, pacientes denuncian que sin manifestaciones no hay respuesta oficial……
La historia se repite en el sistema de salud mexiquense, primero la omisión, después la protesta, y solo entonces la reacción institucional, así ocurrió con la suspensión de tratamientos de hemodiálisis en hospitales públicos del Estado de México, incluido el Centro Médico “Lic. Adolfo López Mateos”, donde pacientes renales vieron interrumpidas terapias vitales sin explicación clara y con riesgo directo para su vida.
Fue hasta que enfermos y familiares bloquearon accesos, se manifestaron frente a las instalaciones médicas y acudieron a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y al Palacio de Gobierno estatal, cuando comenzó a moverse la maquinaria burocrática, la presión social volvió a convertirse en el único lenguaje que entienden las autoridades, dejando en evidencia que sin movilización no hay soluciones.
La semana pasada la suspensión del servicio generó angustia y desesperación, pacientes denunciaron que la interrupción presuntamente obedecía a la falta de pago a la empresa subrogada encargada de realizar los tratamientos, es decir, problemas administrativos y financieros terminaron trasladando el costo a personas cuya vida depende de una máquina y de insumos básicos que no pueden esperar trámites ni justificaciones.
El organismo IMSS-Bienestar informó que el servicio fue normalizado durante el fin de semana, pero lo hizo después de que la protesta escalara y la opinión pública volteara a ver la crisis, al menos cuatro pacientes en condición urgente tuvieron que ser trasladados a un hospital privado en la Ciudad de México para recibir hemodiálisis mientras se resolvía el desabasto en las unidades públicas, una medida de emergencia que confirma que la interrupción no era menor ni administrativa sino potencialmente mortal.
Resulta alarmante que en un sistema que presume cobertura universal, los pacientes deban convertirse en activistas para acceder a un derecho básico, la hemodiálisis no es un procedimiento opcional ni programable a conveniencia, es un tratamiento sustitutivo renal que, de no realizarse en tiempo y forma, deriva en complicaciones graves e incluso en la muerte, sin embargo la respuesta institucional solo llegó tras bloqueos y movilizaciones visibles.
Horacio Valdés, representante de pacientes, informó que tras una mesa de trabajo se comprometieron a atender inquietudes y evitar nuevas afectaciones, promesas que suenan conocidas en un contexto donde las fallas se repiten cada cierto tiempo y donde la planeación parece ceder ante la improvisación, el problema de fondo no es solo el retraso en pagos o el abasto de insumos, es la fragilidad de un sistema que reacciona bajo presión y no de manera preventiva.
Desde este lunes el servicio quedó restablecido en los hospitales donde se había reportado la suspensión, se notificó a los pacientes que los materiales ya habían sido surtidos y que podían retomar sus terapias en sus clínicas correspondientes, pero la normalización no borra los días de incertidumbre, ni el desgaste físico y emocional que enfrentaron quienes dependen de estas sesiones tres veces por semana para seguir con vida.
El episodio deja una lección inquietante, en el Estado de México solo mediante bloqueos y manifestaciones las autoridades parecen cumplir con su obligación, la gestión pública se activa cuando la protesta incomoda y cuando la presión amenaza con escalar políticamente, mientras tanto los ciudadanos quedan atrapados en la espera y en la vulnerabilidad.
La crisis de hemodiálisis exhibe una cadena de omisiones que va desde la administración financiera hasta la supervisión operativa, y demuestra que la salud pública continúa siendo rehén de la burocracia, si no hay garantías de continuidad en tratamientos críticos, el discurso de bienestar se desmorona frente a la realidad de pacientes que deben salir a la calle para exigir lo indispensable, atención oportuna y respeto a su derecho a vivir.
