La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha rechazado las candidaturas seleccionadas por el Senado para la elección del Poder Judicial, este rechazo se enmarca en la implementación de una reforma judicial que busca democratizar la selección de jueces, magistrados y ministros mediante elecciones populares, los candidatos no recibieron los 8 votos necesarios para continuar con el proceso de selección.
Cabe recordar que en 2024, el partido gobernante, Morena, impulsó una reforma constitucional que establece que todos los jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular. Esta medida tiene como objetivo aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en el Poder Judicial. Sin embargo, la reforma ha sido objeto de controversia y ha generado tensiones entre los diferentes poderes del Estado.
Como parte de la implementación de la reforma, se establecieron Comités de Evaluación integrados por representantes de los tres poderes de la Unión: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Estos comités fueron encargados de revisar las postulaciones y seleccionar a los candidatos idóneos para los cargos judiciales. Posteriormente, el Senado realizó un sorteo para determinar qué candidatos serían sometidos a elección popular.
“En caso de que ese órgano jurisdiccional no dé trámite o no apruebe los listados mencionados, la Mesa Directiva del Senado podrá remitir, de manera directa, las candidaturas insaculadas al INE para continuar con el procedimiento electivo”, se lee en la resolución emitida el pasado 27 de enero de 2025.
La SCJN, en su función de velar por la constitucionalidad y legalidad de los actos del Estado, revisó el proceso de selección y determinó que las candidaturas seleccionadas por el Senado no cumplían con los estándares constitucionales y legales requeridos. Este rechazo implica que las candidaturas sorteadas no serán enviadas al Instituto Nacional Electoral (INE) para su inclusión en las boletas electorales del 1 de junio de 2025.
La decisión de la SCJN agrava las tensiones entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha expresado críticas hacia la Corte y ha promovido reformas que limitan sus facultades. Por ejemplo, Sheinbaum no invitó a la titular de la Corte, Norma Piña, al aniversario de la Constitución de 1917, en represalia por presuntas faltas de respeto hacia el Ejecutivo y el Legislativo.
Esta acción podría retrasar la implementación de la reforma judicial, que busca una transición hacia un sistema de selección judicial más democrático y transparente. La falta de candidatos aprobados por la SCJN podría obligar a revisar y ajustar el proceso de selección, lo que podría posponer las elecciones programadas para junio de 2025.
La situación actual podría afectar la percepción pública sobre la eficacia y la independencia de las instituciones judiciales en México. La falta de consenso entre los poderes y los conflictos interinstitucionales pueden generar desconfianza en la ciudadanía respecto al proceso de selección judicial y la imparcialidad del sistema judicial en general.
Tras el rechazo de las candidaturas, se espera que el Senado y la SCJN entablen un diálogo para resolver las discrepancias y encontrar una solución que permita la realización de las elecciones judiciales conforme a lo establecido en la reforma constitucional. Es probable que se realicen ajustes en el proceso de selección y en los criterios de evaluación para garantizar que las candidaturas cumplan con los requisitos constitucionales y legales.
El rechazo de las candidaturas sorteadas por la SCJN representa un nuevo capítulo en la compleja relación entre los poderes del Estado mexicano y plantea desafíos significativos para la implementación efectiva de la reforma judicial.
Será esencial que las instituciones involucradas trabajen conjuntamente para superar las diferencias y asegurar que el proceso de selección judicial sea transparente, imparcial y conforme a la Constitución.
