El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aseguró que el recorte de presupuesto que sufrió por parte de legisladores, pone en riesgo su operación y lo coloca ante una situación crítica, pues se comprometen “seriamente” los mandatos constitucionales y las responsabilidades de México en tratados internacionales, en particular el T-MEC.
En un comunicado, el organismo expresó su preocupación, pues más de 70 % de su presupuesto le fue retirado.
“Lamentamos que no se hayan considerado las preocupaciones y riesgos que advertimos a los diputados federales por medios institucionales, desde el momento en que tuvimos conocimiento de la drástica reducción a los recursos presupuestados para el instituto”, expresó.
Consideró que la reducción es tal, que los 500 millones de pesos de presupuesto aprobados para 2025, equivalen a menos de 10 % del presupuesto anual con el que contó el IFT en 2014, pues es una inflación acumulada de 62 % de enero de 2014 a noviembre de 2024.
De acuerdo con el decreto de reforma constitucional en materia de simplificación orgánica, se establece que el IFT deberá seguir cumpliendo con su mandato constitucional hasta en tanto transcurran los 180 días contados a partir de la entrada en vigor de la legislación secundaria a que hace referencia el artículo Décimo transitorio del propio Decreto.
“En este lapso, el IFT deberá ejercer sus funciones como el órgano autónomo encargado de la regulación de las telecomunicaciones y la radiodifusión, así como autoridad en materia de competencia económica para ambos sectores, por lo que los recursos presupuestales asignados resultan insuficientes para cumplir con dichas responsabilidades”, añadió.
Agregó que es obligatorio priorizar los derechos laborales de las personas servidoras públicas, pues componen la institución lo cual estaría en riesgo de cumplirse con el presupuesto asignado.
El organismo regulador resaltó que dicho recorte presupuestal implica dejar de realizar proyectos que se han implementado en favor de usuarios que son de las comunidades y pueblos indígenas, así como de la inclusión digital, entre ellos.
El IFT hizo un llamado para que se considere la asignación adicional de recursos durante el ejercicio fiscal 2025 que le permitan atender y cumplir sus tareas sustantivas.
“Todo ello, en perjuicio del desarrollo eficiente de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión y, por ende, de las personas usuarias de los servicios y las audiencias”, aseveró el regulador.
El IFT advirtió que los derechos laborales de sus trabajadores también están en riesgo.
“En términos de lo dispuesto en el Decreto de reforma constitucional ya aprobada por el Constituyente Permanente, es obligatorio priorizar los derechos laborales de las personas servidoras públicas que componen esta institución, lo cual estaría en riesgo de cumplirse con el presupuesto asignado”, expresó el IFT.
