De manera contundente, sin dejar de lado las imposiciones y el autoritarismo con el que se manejaron los legisladores morenistas, ayer por la mañana los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se manifestaron en contra de la criticada reforma judicial.
Y luego de una severa revisión del caso y de escuchar las voces denunciantes, lanza una dura advertencia: ¡La reforma judicial en México es un caso de “constitucionalismo abusivo y autoritario”!.
El comisionado Carlos Bernal denunció que el intento del gobierno de desmontar los contrapesos sigue el patrón de los autoritarismos modernos alrededor del mundo.
“El caso de México es de libro”, afirma, poniendo el país como ejemplo de riesgo democrático. “¿Es este el camino hacia una justicia sin frenos?”, advierte en su alerta.
Carlos Bernal Pulido, especialista en Derechos Humanos del Instituto Internacional de los Derechos Humanos, cuestionó la decisión política del gobierno mexicano. “Es sospechoso que se plantee la elección popular de los jueces”, consideró.
Marieclaire Acosta, presidenta de Justicia Transicional de México, condenó el uso de las mayorías populares para avanzar sobre la independencia judicial. “Se remplazará el mérito por la popularidad”, sostuvo.
Carmen López, jueza mexicana, aludió al nepotismo vinculado a la reforma diseñada por AMLO y apoyada por Sheinbaum. “Se trata de la violación a todos los derechos humanos en México”, afirmó.
La presentación del caso ante la CIDH se extendió por 90 minutos y corrió sobre dos ejes esenciales: la pérdida de pesos y contrapesos ante la designación de magistrados que se formaliza desde una plataforma política, y los riesgos que implica esta metodología partidaria para la independencia judicial.
La audiencia, presidida por Roberta Clarke, se inició con la defensa del gobierno de México, que fue ejercida por Luz Baños -embajadora mexicana en la OEA- y José Antonio Montero Solana, consejero jurídico de Sheinbaum.
Baños y Montero Solana expusieron durante 20 minutos, donde hicieron una reivindicación absoluta de la propuesta que diseñó AMLO y pone en marcha la actual presidenta de México.
“La reforma está vigente, no acepta un control jurisdiccional. Acerca la justicia a la gente, esta reforma ya es una realidad en México”, sostuvo Montero Solana ante el plenario de la CIDH.
Y completó, levantando la voz: “El apoyo popular fue apabullante, fue una decisión de la soberanía popular”.
La reforma judicial llegó a instancias internacionales y, después de meses de confrontación, y este día, tanto promotores como detractores presentaron sus alegatos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una audiencia temática en la sede del organismo, en Estados Unidos. Juzgadores esperan que esta instancia internacional emita una recomendación al Estado mexicano para que frene o matice la reforma ante lo que consideran un “golpe de estado técnico”, aunque el Gobierno Federal también presentará sus alegatos en defensa.
La CIDH aceptó realizar una audiencia pública en respuesta, particularmente, al escrito que más de 800 magistrados de todo el país le hicieron llegar el pasado 26 de agosto para denunciar un trasfondo “autocrático” detrás de la reforma judicial que impulsaron el gobierno federal, el partido Morena y sus aliados.
“Está en marcha una agenda de concentración total del poder que anula principios esenciales de la democracia representativa interamericana y que configura una ‘jugada política’ que consolida un golpe de estado técnico”, se lee en documento que juzgadores presentaron ante la Comisión.
“En México, deliberadamente y ante la mirada atónita de la comunidad internacional se están rompiendo todos los mecanismos de control al poder”, alertaron también. En el escrito pidieron a la CIDH que en su Informe Anual a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) -a la que pertenece- incluya a México en la lista de naciones con situaciones y amenazas para los derechos humanos especialmente preocupantes, “al igual que se ha hecho con estados como Cuba, Venezuela, Nicaragua y Guatemala”.
Cristina Reyes, directora de Litigio Estratégico en México Unido contra la Delincuencia, una de las organizaciones promoventes, indicó que fue una audiencia “especial, extraordinaria y muy específica” con la intención de que más adelante se emita una recomendación, aunque aclaró que no implica un proceso jurisdiccional contra nuestro país.
Observó que el Estado mexicano no ha sido acusado y que, para que eso ocurra, quienes han impugnado la reforma judicial primero tendrían que agotar todas las instancias nacionales y recurrir a la Comisión Interamericana en queja o denuncia, e incluso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).
La directora de Litigio Estratégico en México Unido contra la Delincuencia explicó que el resultado podría no ser una condena al Estado mexicano por la reforma judicial, misma que consideran lesiva al sistema de justicia y al sistema democrático. No obstante, observó Reyes, sí se espera que la CIDH pueda emitir una recomendación y que esta pueda ser atendida por el Estado mexicano.
El gobierno mexicano, por su lado, defenderá la reforma ante la CIDH, ya que se espera que acuda una representación a Washington, Estados Unidos, donde se realizará el encuentro. Durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno mantuvo una postura de rechazo a la Organización de los Estados Americanos (OEA) -de la que es parte la CIDH- y hasta pidió su desaparición por “injerencista”. Por ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no se ha pronunciado sobre el organismo.
