* Una Perspectiva desde CANACO-SERVyTUR y el Poder Judicial del Estado de México……
Por Mireya Álvarez
En un contexto de profundos cambios legislativos y sociales, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO-SERVyTUR) Valle de Toluca, se ha destacado por su compromiso no solo como testigo, sino como protagonista activo en la evolución del entorno económico, social, político y cultural en el Estado de México, esto mediante el trabajo en conjunto con diversas instituciones, incluyendo al Poder Judicial del Estado de México, para crear un marco jurídico que brinde certeza y seguridad a las empresas, así lo manifestó el presidente de la cámara empresarial, Fernando Reyes Muñoz, al sostener su primera sesión de Consejo donde estuvo presente el Magistrado Presidente del Poder Judicial de la entidad, Fernando Díaz Juárez.
El presidente de la CANACO-SERVyTUR, enfatizó que el objetivo de dicho encuentro es el permitir que las empresas operen con confianza y transparencia, y generar un clima de negocios que favorezca tanto a los empresarios como a la sociedad en general. Es por ello que, destacó que, con las recientes reformas están transformando profundamente el sistema judicial y su impacto en el sistema económico.
Por su parte, el Magistrado presidente Díaz Juárez, destacó la relevancia de la colaboración entre los sectores público y privado, considerando que es esencial para construir un futuro próspero. Por ello, explicó, que la iniciativa privada juega un papel crucial en el desarrollo de cualquier sociedad, especialmente en el marco de reformas que ya forman parte del texto constitucional vigente en la entidad.
“El reto, es implementar estas reformas de manera ordenada, transparente y con el objetivo de garantizar el Estado de Derecho, lo cual, a su vez, asegura la confianza de las inversiones y el desarrollo económico”, declaro.
Ante ello, el titular del Poder Judicial resaltó que la “democratización de la justicia”, es un proceso que involucra no solo la elección de jueces y magistrados mediante votación directa, sino también una apertura del sistema judicial hacia la participación activa de la ciudadanía.
“En este nuevo paradigma, no basta con que los jueces hablen solo a través de sus sentencias, sino que deben establecer un diálogo constante con la sociedad, reconociendo la necesidad de una justicia más cercana y sensible a los diversos sectores de la población. Por ello, las oportunidades que se vislumbran con la implementación de estas reformas, es la posibilidad de reorientar los recursos hacia los órganos jurisdiccionales. En este sentido, el modelo de gestión y evaluación del sistema judicial debe permitir la participación ciudadana, para que los ciudadanos, los operadores jurídicos y las diversas partes interesadas puedan compartir sus experiencias y evaluar los avances y retrocesos en la impartición de justicia”, enfatizó.
Además, Díaz Juárez, indicó que el Poder Judicial no puede estar ajeno a los documentos rectores del desarrollo nacional y estatal, como el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal de Desarrollo. “Estos planes marcan el camino para lograr los objetivos y aspiraciones de la sociedad, y el Poder Judicial tiene que alinearse con estos objetivos, garantizando el respeto al Estado de Derecho y, al mismo tiempo, ofreciendo una justicia que sea abierta, pronta, cercana y completa”.
Ante ello, subrayó que el proceso de cambio y transformación en el Poder Judicial de la entidad no es tarea exclusiva de este poder; sino que dijo, requiere de la colaboración activa de la sociedad, del sector empresarial y de los distintos actores políticos, así como la participación ciudadana, para superar los grandes retos que enfrenta la sociedad mexiquense.
Por último, el presidente del Poder Judicial reafirmó su compromiso con la colaboración permanente entre los poderes y con la participación activa de la ciudadanía en la evaluación y seguimiento de estos cambios.
“Un modelo de planeación democrática será crucial para garantizar que el sistema judicial se adapte a las realidades y demandas de cada región del Estado, ya sea en materia penal, familiar, mercantil o laboral”, acotó.