Victorino Barrios Dávalos, contralor interno del ISSEMyM, presentó su renuncia esta semana alegando “motivos personales”, pero su salida ocurre justo después de haber denunciado públicamente actos graves de corrupción dentro del instituto: compras con sobreprecios, sobornos institucionalizados y redes de complicidad en áreas estratégicas.
Pero Barrios no era nuevo en esto. Antes de llegar al ISSEMyM, fue contralor de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), donde documentó y denunció diversas prácticas de corrupción durante varias gestiones rectorales. En entrevista con Edoméx Ahora en noviembre de 2023, reveló con nombres y cifras cómo se desvió el dinero público en esa institución:
“Presentaron información falsa… hubo quienes cobraron sin trabajar, incluso se firmaron cheques después de que las personas ya habían fallecido”.
También denunció indemnizaciones ilegales, contratos amañados y simulación de becas para favorecer a grupos políticos internos. Dijo que la corrupción era sistémica y que muchas veces los expedientes eran ignorados por la Fiscalía, por la Auditoría Superior o por los propios órganos internos de la UAEMéx:
“Hicimos observaciones fundadas y documentadas, pero no nos atendieron ni simularon apoyarnos. Nos topamos con estructuras que estaban diseñadas para no sancionar a nadie”.
Barrios habló también de la red de encubrimiento que operaba desde el área jurídica universitaria y del uso discrecional del dinero como práctica común entre funcionarios de alto nivel:
“Había gente que recibía dinero sin asistir a trabajar. Había otros que se beneficiaban con cheques sin justificación. Incluso en algunos casos usaban el mismo cheque con diferentes firmas. Era descarado”.
En el ISSEMyM, donde ocupaba el cargo de contralor desde inicios de 2024, sus señalamientos más recientes apuntaban a compras de insumos con precios inflados (como algodón a 3,500 pesos), a una red de funcionarios que pedían “mordidas” del 10% a proveedores, y a la omisión deliberada del registro de vehículos oficiales.
Aunque su renuncia fue presentada como una decisión personal, su trayectoria reciente y su historial como contralor incómodo hacen inevitable la pregunta: ¿lo dejaron ir o lo obligaron a irse?.
Los escándalos de corrupción en el ISSEMyM no son nuevos. Diversos reportes periodísticos y auditorías públicas han documentado que el desfalco al Instituto comenzó desde el sexenio del priista Arturo Montiel Rojas (1999–2005). Durante esa administración, se detectaron desvíos millonarios, inversiones fallidas y operaciones con prestanombres en el manejo de los recursos del fondo de pensiones.
Uno de los casos más sonados fue revelado por el entonces diputado federal Horacio Duarte —hoy secretario de Gobierno del Edoméx—, quien denunció en 2004 que el ISSEMyM había destinado más de 1,000 millones de pesos a fondos privados sin transparencia ni rendición de cuentas. También se documentó el uso del dinero del Instituto para adquirir bienes inmuebles y financiar negocios vinculados con personajes del primer círculo de Montiel.
Desde entonces, en cada sexenio se han hecho más señalamientos: adjudicaciones directas, empresas fantasma, red de aviadores, omisiones en el cobro de cuotas y una alarmante opacidad en licitaciones. Sin embargo, muy pocos funcionarios han sido investigados o sancionados.
Hoy, el ISSEMyM enfrenta una deuda acumulada de más de 27 mil millones de pesos y un gasto mensual superior a 2 mil millones solo en pensiones. La salida de Victorino Barrios deja inconclusas investigaciones clave… y en el aire, la posibilidad de limpiar de fondo una de las instituciones más opacas y endeudadas del Edoméx.
La historia se repite: en este estado, los contralores que investigan de verdad, tarde o temprano… acaban saliendo.
