Al resolver en torno a la suspensión del proceso electoral extraordinario 2024-2025, la Sala Superior del Tribunal Electoral emitió resoluciones para garantizar su continuidad, la mayoría del Pleno declaró improcedentes los impedimentos formulados contra cuatro de sus integrantes. Posteriormente, con siete votos a favor, determinó que la SCJN tiene competencia para resolver esta controversia, ampliando el alcance de una facultad administrativa contemplada en la Ley Orgánica.
Como resultado, se determinó que los jueces de distrito deben revisar de oficio las suspensiones que concedieron en contra del proceso electoral, conforme al criterio de la Corte de que esta materia es eminentemente electoral y, por tanto, no puede ser paralizada mediante amparo.
Sin embargo, la resolución también estableció que las sentencias de la Sala Supe-
rior son meramente opiniones especializadas, sin la capacidad de invalidar órdenes de suspensión en juicios de amparo.
Loretta Ortiz se pronunció en contra de esta resolución porque “amplía indebidamente las facultades de la SCJN, convirtiéndola en una instancia revisora de sentencias definitivas e inatacables del Tribunal Electoral, lo que excede los límites constitucionales”.
Ortiz Ahlf abundó que “esta decisión es condescendiente con algunos jueces de distrito que, pese a su obligación de respetar la Constitución, otorgaron suspensiones en amparo claramente improcedentes. No sólo porque afectan un tema electoral, tal como reconoció la mayoría, sino porque también inciden en una reforma constitucional”.
Para resolver la contradicción, “la mayoría restó valor vinculante a las decisiones de la Sala Superior, reduciéndolas a meras opiniones especializadas, y únicamente ordenó a los jueces de distrito y tribunales colegiados revisar las suspensiones que habían concedido, al considerar que fueron excesivas”. No obstante, reconoció que, hasta antes de esta sentencia, “existía cierto margen de duda” sobre la posibilidad de otorgarlas.
Sobre este controvertido tema, vale destacar que la postura de Loretta Ortiz, desde el inicio, consideraba la necesidad de dar trámite a los impedimentos, solicitar a los ministros el informe de ley y turnar el caso a otro integrante para elaborar el proyecto de resolución y someterlo a votación del Pleno.
También que se debía reconocer a la Sala Superior como el máximo órgano en materia electoral, cuyas decisiones son definitivas e inatacables, conforme a la Constitución. Finalmente, que era preciso confirmar que los jueces de distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito no tienen competencia legal para suspender el proceso electoral. Por estas razones, “voté en contra del proyecto”.
Hacia el final de la discusión, detalla la ministra, “la votación sobre los efectos de la sentencia resultó en un empate. Esto ponía en riesgo la vigencia de las suspensiones ilegales contra el proceso electoral y, al mismo tiempo, dejaba sin aplicación efectiva las sentencias de la Sala Superior. Ante este escenario, consideré esencial evitar que resoluciones judiciales interfirieran con el desarrollo del proceso electoral. Por ello, respaldé un único punto resolutivo: ordenar a las personas juzgadoras de distrito revisar las suspensiones concedidas, ya que, aunque se justificaban con argumentos técnicos, en realidad buscaban frenar las elecciones”, reconoció la ministra.
Loretta Ortiz sentenció que interpretar la Constitución exige “rigor jurídico, mesura, perspectiva histórica y una valoración profunda de las consecuencias sociales y políticas de cada fallo. La SCJN, como tribunal constitucional, debe garantizar la primacía de la Carta Magna sin extralimitar sus facultades. Su rol es equilibrar, no suplantar; debe actuar con respeto a los límites constitucionales y a la autonomía de otros poderes del Estado y órganos jurisdiccionales especializados, como la Sala Superior del Tribunal Electoral, cuyas atribuciones están igualmente protegidas por la Constitución”.
La ministra Loretta Ortiz Ahlf llamó a mantener seriedad institucional y responsabilidad histórica, toda vez que “las decisiones de hoy marcarán la legitimidad de nuestra democracia”.
