* Atracción del caso por la SCJN expone décadas de abandono y desobediencia municipal, dejando claro que el acceso al agua es un derecho humano que no puede ser ignorado ni convertido en privilegio……
* Más de 7,500 familias de 154 colonias de Ecatepec, esperan que intervención judicial transforme sentencias incumplidas en agua real para sus hogares, pues, abrir la llave no es un acto de fe, sino un derecho humano……
Por Martha Romero
La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de atraer los amparos por la crisis hídrica en Ecatepec, no es solo un acto jurídico relevante, es una radiografía brutal del colapso institucional que, por décadas, ha condenado a millones de personas a vivir sin agua potable en uno de los municipios más poblados del país, lo que hoy se presenta como un logro histórico llega tarde, después de años de omisiones, simulaciones y desprecio sistemático por un derecho humano básico.
Ecatepec no amaneció sin agua en 2025 ni en 2024, el problema es estructural y arrastra una historia de abandono que se remonta, por lo menos, a los años noventa, cuando el crecimiento urbano desordenado, la sobreexplotación de mantos acuíferos y la corrupción en organismos operadores, convirtieron el acceso al agua en un privilegio intermitente, colonias enteras aprendieron a vivir con tandeos, pipas irregulares y cobros abusivos, mientras los gobiernos municipales administraban la escasez como negocio político.
Durante años, la narrativa oficial repitió el mismo guión, no hay agua, no alcanza, es culpa del clima, es culpa de la federación, es culpa del pasado, pero nunca del presente, nunca de las decisiones tomadas, nunca de los recursos mal ejercidos ni de la infraestructura colapsada que jamás se renovó, la normalización de la carencia se volvió política pública.
La atracción del caso por parte de la Corte rompe ese ciclo de resignación forzada, no porque mágicamente vaya a llenar tuberías, sino porque coloca el problema donde siempre debió estar, en el terreno de los derechos humanos y de la responsabilidad directa del Estado, no como un servicio opcional, no como una concesión graciosa, sino como una obligación constitucional incumplida de manera sistemática.
La diputada Miriam Silva Mata no exagera cuando habla de un antes y un después, pero ese quiebre. no es solo mérito de una acción legislativa, es el resultado de una resistencia social prolongada, de vecinos que durante más de cuatro años acudieron a tribunales mientras cargaban cubetas, pagaban recibos y enfrentaban indiferencia institucional, el dato es demoledor, más de siete mil quinientas familias de 154 colonias cuentan ya con sentencias favorables que la autoridad municipal simplemente decidió no cumplir.
Esa desobediencia reiterada revela el núcleo del problema, en Ecatepec no solo falta agua, sobra impunidad administrativa, las suspensiones definitivas otorgadas por jueces de distrito, fueron tratadas como papel mojado, el mensaje fue claro, aun con resoluciones judiciales, el gobierno local podía seguir negando el servicio sin consecuencias reales, ese desprecio por la ley es el que hoy obliga a la intervención del máximo tribunal del país.
Históricamente, la SCJN ha atraído casos cuando el daño trasciende lo local y expone fallas estructurales del Estado, así ocurrió con temas de salud, medio ambiente y pueblos indígenas.
El hecho que Ecatepec llegue a ese nivel, habla de la magnitud del colapso, el agua dejó de ser un problema municipal para convertirse en un símbolo nacional de desigualdad urbana y mala gobernanza.
El respaldo político expresado por José Alberto Couttolenc Buentello, coloca al Partido Verde en una narrativa de defensa social, pero también abre una pregunta incómoda, ¿por qué tuvo que pasar más de una década de crisis abierta para que el tema del agua se volviera una bandera real y no un eslogan de campaña?, la respuesta apunta a una clase política que reaccionó solo cuando la presión judicial y social se volvió insostenible.
La Corte ahora tiene en sus manos algo más que un expediente, tiene la posibilidad de fijar criterios obligatorios sobre el derecho humano al agua, en contextos urbanos densamente poblados, de poner límites claros a la discrecionalidad de autoridades municipales y de establecer que la falta de recursos no es excusa válida cuando se trata de garantizar condiciones mínimas de dignidad.
Sin embargo, sería ingenuo pensar que una sentencia resolverá, por sí sola, décadas de abandono, el riesgo es que el fallo se celebre como victoria política mientras la ejecución se diluye en mesas técnicas, diagnósticos repetidos y promesas de inversión futura, la historia de Ecatepec está llena de anuncios que nunca se tradujeron en agua en el grifo.
Lo verdaderamente histórico no será la atracción del caso, sino el cumplimiento efectivo de lo que la Corte ordene, cuando las tuberías funcionen, cuando el tandeo deje de ser regla, cuando pagar impuestos deje de ser un acto absurdo para quienes nunca reciben el servicio, hasta entonces podrá hablarse de justicia hídrica.
Por ahora, la intervención de la SCJN deja una verdad incómoda al descubierto, el derecho al agua en Ecatepec no fue negado por la naturaleza, fue negado por decisiones políticas, por omisiones prolongadas y por un sistema que aprendió a convivir con la carencia, la Corte entra no como salvadora, sino como último recurso frente a un poder local que renunció hace tiempo a su responsabilidad básica, garantizar que abrir la llave no sea un acto de fe sino un derecho cumplido.
