Por Mireya Álvarez
Ante la crisis que vive la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), el alcalde de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, defendió su derecho a opinar como egresado universitario, luego de que sus declaraciones fueran descontextualizadas y utilizadas con fines políticos.
“Respeto a la universidad, pero tengo derecho a opinar. Soy egresado y eso me hace parte de la comunidad universitaria”, afirmó Moreno, señalando que sus palabras nacieron del dolor por la situación actual en la institución.
El edil lamentó que, tras señalar la injerencia de “grupos de atajos y del viejo régimen”, se desató una campaña en su contra, con comunicados partidistas, críticas en medios y páginas anónimas en redes sociales. Aseguró que esos ataques no son casualidad y forman parte de una “guerra social” que busca desviar la atención del problema de fondo.
Ricardo Moreno también expresó su preocupación por la falta de análisis serio en torno a la crisis institucional. Aclaró que no ha intervenido en el paro universitario y retó a que se le demuestre lo contrario: “Que me diga un profesor si le pedí levantar la huelga. No lo van a encontrar”.
Recordó que participó en la redacción de la ley universitaria de 1992 y que esta establece salidas legales ante crisis como la actual. Celebró la renuncia del rector Carlos Barrera, la salida de Eréndira Fierro -a quien se señalaba como “candidata oficial”- y el nombramiento temporal de un encargado de despacho como pasos hacia una solución institucional.
“El 40% de los egresados de la UAEMéx se está yendo a otras entidades. Esa es su fortaleza y lo que debemos cuidar”, apuntó. Subrayó el papel estratégico de la universidad en el desarrollo del estado y llamó a proteger su autonomía.
Finalmente, invitó a todos los actores involucrados a actuar con sensatez, rechazar la injerencia externa y privilegiar el diálogo. “No se trata de hacer guerra social, sino de encontrar soluciones legales y legítimas”, concluyó.
La crisis de la UAEMéx ha puesto sobre la mesa temas urgentes como la autonomía, el consenso y el papel ciudadano en la defensa de las instituciones públicas.
