La gestión de Rosario Piedra Ibarra en la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) deja una institución, cuestionada, a la deriva, debilitada, tanto en lo interno como en su posición frente a la sociedad como garante de los derechos humanos y contrapeso al poder, prácticamente como un órgano inexistente, señalaron organizaciones, activistas y académicos expertos en la materia.
Jorge Israel Hernández, maestro en Derechos Humanos y catedrático en la UNAM y el Tec de Monterrey, expuso que, durante las últimas dos décadas, diversas organizaciones internacionales han venido señalando que en México hay una situación grave de violación a derechos humanos, la cual se ha venido agravando durante los últimos siete años.
Lo preocupante, recalcó, es que en México, elementos civiles y militares vinculados a tareas de seguridad siguen practicando la tortura.
Además, se siguen violando los derechos humanos de mujeres, cuya expresión más dramática es el elevado número de feminicidios, así como violaciones a derechos humanos de defensores de derechos humanos y periodistas.
Otro de los señalamientos reiterados, indicó, grave problema de desaparición forzada. De acuerdo con cifras oficiales, en el país hay alrededor de 100 mil personas en esa situación. Para tener una idea de la dimensión de ese problema, el académico recordó que durante la dictadura militar Argentina ocurrieron 30 mil desaparecidos y en la Guerra Sucia en México alrededor de 3 mil.
Un análisis sobre la gestión de Piedra Ibarra realizado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) expone: “Lejos de ser plenamente funcional, desde su creación, el organismo ha enfrentado problemas para ejercer cabalmente su autonomía, ser transparente, mantener una relación cercana con las víctimas, fortalecer sus capacidades para investigar y atender quejas”.
En el documento “CNDH: balance de su debilitamiento institucional durante la gestión 2019-2024”, destaca que en 2019 fue electa por el Senado la actual presidenta, Rosario Piedra Ibarra, en un proceso marcado por los cuestionamientos sobre su falta de independencia, debido a sus vínculos con Morena. Por eso su legitimidad quedó mermada de origen.
Además, durante su gestión, se materializó un deterioro institucional considerable, que ha colocado al organismo en el centro de cuestionamientos sobre su autonomía e independencia del Poder Ejecutivo y el rol pasivo que ha jugado como institución nacional de derechos humanos frente a las problemáticas más apremiantes en este ámbito en México, como la militarización de la seguridad pública, la política migratoria, megaproyectos de desarrollo en territorios indígenas, la disminución del espacio cívico y la estigmatización de periodistas y organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos, la expansión de la prisión preventiva, entre otros.
Al respecto, Jorge Israel Hernández destacó que desde que Rosario Piedra Ibarra asumió la presidencia de esa institución, en los hechos no ha existido.
Subrayó que durante la administración del hoy expresidente Andrés Manuel López Obrador el gobierno estigmatizó a los defensores de derechos humanos. El propio mandatario llegó a decir que los derechos humanos eran un invento del neoliberalismo y menospreciaba a las víctimas.
Lo delicado es que, ante eso, la presidenta de la CNDH guardó silencio
Llamó la atención de los silencios de la CNDH en temas como el incremento de la militarización del país, la intención de desaparecer el Inai, ni en la reforma al Poder Judicial.
Dijo que tan sólo el Inai y el Poder Judicial garantizan el acceso al disfrute de derechos humanos.
Por otra parte, aclaró que la CNDH no ha promovido acciones de inconstitucionalidad en el caso de la reforma al Poder Judicial que es inconstitucional.
Para el Centro Prodh, es recomendable que no se reelija la actual presidenta Piedra Ibarra, pues es necesario revertir los retrocesos e impulsar cambios sustantivos con el fin de que ese organismo constitucionalmente autónomo esté a la altura de los retos en materia de derechos humanos, sobre todo ante la crisis que México padece en esta materia.
También recomienda establecer una política de aproximación estratégica a los temas esenciales, como tortura, desapariciones, ejecuciones, militarización, derechos colectivos indígenas, migración, ampliación de la prisión preventiva y otros que han mostrado ser especialmente problemáticos para esta administración.
Destaca la necesidad de reformar el artículo 102 constitucional para eliminar la reelección de la persona titular del organismo, pues por la naturaleza de la función, la posibilidad de reelección es un incentivo perverso que va en detrimento de la autonomía.
Para la coordinadora general del Observatorio de Designaciones Públicas, Marcia Itzel Checa Gutiérrez, hay muy pocas expectativas del proceso de selección en marcha, primero por la conformación actual del Senado de la República, con mayoría morenista y la forma que se ha conducido la actual legislatura aprobando iniciativas muy importantes de manera apresurada y con poca discusión y a deshoras.
En ese sentido, mencionó que declaraciones de algunos legisladores morenistas han sido tomados con alarma, por ejemplo, las realizadas por el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Adán Augusto López Hernández, quien ha señalado que no ve mal la gestión de la actual presidenta de la CNDH que busca reelegirse.
Enfatizó también que es preocupante el hecho de que, si bien, las comisiones de Derechos Humanos y justicia del Senado realizaron un esfuerzo para aprobar la convocatoria con elementos que hacían suponer que se haría un proceso de evaluación de los perfiles de los aspirantes riguroso, al final, la Jucopo decidió que esas evaluaciones no serían vinculantes.
