* La diputada Ruth Salinas reprochó que en la capital mexiquense prevalezca el “olor a croqueta”, una forma de deterioro ambiental
Por Martha Romero
Sanciones de hasta 4 millones 525 mil 600 pesos por actividades industriales, comerciales o productivas de alto impacto que emitan contaminación odorífica u olfativa provocada por malos olores e interacción nociva de químicos volátiles que son inhalados por la nariz que afecte zonas habitacionales, sin contar con medidas de mitigación, es la propuesta de la diputada Ruth Salinas Reyes, integrante de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC).
Añadió que las sanciones propuestas contemplan 11 mil 314 pesos y hasta 339 mil 420 pesos, a quien, por actividades domésticas, comerciales o productivas de bajo impacto, emitan contaminación odorífica que afecte zonas habitacionales, sin contar con medidas de mitigación.
Además, dijo, una multa de 56 mil 570 pesos y hasta 4 millones 525 mil 600 pesos por actividades industriales, comerciales o productivas de alto impacto que emitan contaminación odorífica que afecte zonas habitacionales, sin contar con medidas de mitigación.
Y es que recientemente, ciudadanos de Toluca exigieron el cese de operaciones de la planta industrial “El Pedregal”, ubicada cerca de la estación del tren, en la colonia Reforma y Ferrocarriles Nacionales, por considerarla una fuente de contaminación ambiental y afectaciones a la salud de la población.
Por ello, Salinas Reyes explicó que la propuesta de reformar el Código para la Biodiversidad del Estado de México propone incluir este tipo de contaminación como una de las formas de deterioro ambiental y a la salud, por lo que deben prohibirse y sus efectos deben repararse.
Añadió que la emisión de olores por parte de industrias que fabrican grenetina y procesan pieles, así como empresas alimenticias que desprenden compuestos durante la cocción de alimentos ricos en azufre, calcio y magnesio, provocan que en la ciudad exista un inconfundible olor a comida de mascotas.
Refirió que propone corresponsabilidad entre particulares y el Estado, como la obligación de reparar el daño en favor del medio ambiente, especialmente cuando se ven afectadas comunidades densamente pobladas, por lo que contempla la suspensión de cualquier actividad que genere esta contaminación mientras no se tomen medidas correctivas para evitarla.
Finalmente, dijo, cuando se presenten problemas de destrucción, contaminación, degradación, desertificación, desequilibrio del hábitat de la vida silvestre o afectaciones a la salud por contaminación odorífica, la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible ejecutará programas de prevención, atención de emergencias y de restauración para la recuperación, remediación, rehabilitación y restablecimiento de las condiciones que propician la habitabilidad, evolución y continuidad de los procesos naturales de la vida silvestre.
