* Comunidad enfrenta a intereses inmobiliarios en Valle de Bravo……
* Aunque se han emitido llamados urgentes a la gobernadora Delfina Gómez y a la Presidencia de la República, la comunidad asegura que solo ha recibido respuestas burocráticas……
Por Mireya Álvarez
Enclavado en una región catalogada como Área Natural Protegida el territorio de “Santo Tomás El Pedregal”, en Valle de Bravo, se ha convertido en escenario de una lucha desigual entre comunidades originarias y poderosos intereses inmobiliarios, y a pesar de los reiterados llamados de auxilio a autoridades municipales, estatales y federales, la defensa del patrimonio natural ha quedado, hasta ahora, sin respaldo efectivo del Estado.
De acuerdo con integrantes del COCODEF, organización comunitaria de base, la devastación de bosques y manantiales continúa como resultado del avance de proyectos inmobiliarios impulsados por empresas privadas y actores externos que, desde hace décadas, han llegado a la región con el objetivo de apropiarse de terrenos de alto valor ambiental y económico. Entre los señalamientos figuran nombres de corporaciones y particulares que, aseguran, operan con protección institucional.
La comunidad denuncia que, aunque existen múltiples expedientes y denuncias formales, la mayoría de los casos han sido frenados por “corrupción judicial y administrativa”, y lejos de disminuir, el conflicto ha escalado a un nivel de “acoso institucional”, con amenazas, presuntos fraudes procesales y criminalización de la defensa del territorio.
En este sentido, cuatro integrantes del colectivo fueron acusados del delito de despojo tras un proceso que califican como irregular, diseñado, afirman, para encarcelarlos y debilitar el movimiento.
Pese a ello, los defensores ambientales aseguran que no darán marcha atrás. “Rendirse no es una opción”, sostienen, incluso cuando reconocen haber perdido gran parte de su estabilidad personal y comunitaria. La resistencia, dicen, se ha fortalecido con el respaldo del “Mecanismo estatal de protección a periodistas y defensores de derechos humanos”, que tras evaluar el riesgo implementó medidas cautelares urgentes, como botones de auxilio y equipos de radiocomunicación.
Actualmente, la comunidad mantiene guardias permanentes las 24 horas del día en la zona boscosa para impedir nuevas invasiones y ha cerrado el principal camino de acceso, en exigencia de respeto a su asamblea comunitaria basada en usos y costumbres. Paralelamente, buscan el reconocimiento oficial como pueblo indígena, con el fin de preservar el legado ancestral y fortalecer la defensa jurídica de su territorio.
Uno de los principales focos de conflicto es el proyecto inmobiliario “La Pedrera”, que contempla la lotificación de más de 127 hectáreas para la construcción de 49 viviendas campestres, pese a que, según el colectivo, viola el Programa de Manejo del Área Natural Protegida.
Aunque se han emitido llamados urgentes a la gobernadora Delfina Gómez y a la Presidencia de la República, la comunidad asegura que solo ha recibido respuestas burocráticas, mientras tanto, el COCODEF anuncia que intensificará sus movilizaciones y solicita el respaldo de organizaciones sociales y ambientales para frenar lo que consideran un despojo sistemático, tolerado por autoridades que han dejado el territorio a merced de grandes inversionistas.
