Por otra parte, la ministra presidenta Norma Piña Hernández afirmó que, para evitar mayor confrontación entre poderes del Estado y hasta una crisis institucional, la SCJN tuvo que “claudicar” ante la reforma judicial y otros cambios legales aprobados en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, como la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).
Al profundizar en el tema, la togada dijo que la historia de ese alto tribunal “puede también contarse a partir de una inevitable tensión entre los poderes públicos” y confrontación con los mismos.
“Podría darse cuenta de múltiples casos que pueden ser analizados a la luz de ese binomio: los amparos promovidos por los hermanos Flores Magón para intentar superar las censuras y ataques de los que fueron objeto por el régimen porfirista; los diversos juicios derivados de la expropiación petrolera, de la nacionalización de la industria eléctrica y de la banca; de manera más reciente, cabe mencionar el análisis relativo a la apertura de nuestra industria eléctrica, la militarización de la seguridad pública y, en última instancia, cuando analizó la posibilidad de revisar la constitucionalidad de una reforma constitucional.
“Esta tensión, que a veces parece inevitable, ha desembocado en diversas ocasiones en una crisis institucional. Esta también es la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han cambiado los recintos en los que se busca impartir justicia, entramos y salimos los que aceptamos el gran honor y, sobre todo, la gran responsabilidad de integrar el alto tribunal. Cambia el contexto nacional. Mutan los problemas que nos definen como país”, dijo.
La ministra presidenta de la SCJN criticó el modelo de elección de impartidores de justicia que no se basa en los más altos estándares.
“Para perseguir el ideal de justicia siempre ha sido necesario sortear múltiples y complejos obstáculos diseñados por quienes cómodamente se benefician de una perversa situación de injusticia o de aquellos que piensan que el servicio público no requiere elegirse bajo altos estándares éticos, sino que es una patente que los legitima para incumplir las reglas, para abusar del cargo y específicamente para abusar de quienes se encuentran en una situación de desventaja”, resaltó.
