El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó intactos los llamados “superpoderes” que el Congreso de la Unión otorgó a Guadalupe Taddei Zavala al frente del Instituto Nacional Electoral (INE) y la reforma a una ley secundaria que permitirá a los candidatos a participar en la elección judicial poner dinero propio para sus campañas.
Esto ocurrió luego de que las ministras Yasmín Esquivel Mossa, Lenia Batres Guadarrama y Loretta Ortiz Ahlf votaron en contra de modificar las reformas a la ley electoral, en materia de elección judicial, por lo que por primera vez en la historia se elegirán cargos de jueces, magistrados y ministros por voto popular de todo el país.
De esta manera, con seis votos a favor y tres en contra -con la ausencia de la ministra Margarita Ríos Farjat- el proyecto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo no alcanzó los votos necesarios para echar abajo los llamados “superpoderes” que se le otorgaron a la consejera presidenta del INE y el tema del financiamiento de campañas.
Durante la sesión, el Pleno de la Corte discutió esta impugnación promovida por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) en contra de las reformas realizadas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), en materia de elección de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación.
El primer tema que provocó la división en el Pleno, fue la invalidez del artículo 45, numeral 1, incisos e y p, en los cuales agregaron los “superpoderes” a la presidencia del INE, por la que ahora puede “proponer al Consejo General el nombramiento del secretario ejecutivo” y “designar a los directores ejecutivos y demás titulares de unidades técnicas del instituto”.
Vale recordar que en este apartado, seis ministros determinaron que debía declararse inválido, dado que “la propia norma es contradictoria”, pues en el mismo artículo se establece que ese tipo de decisiones se deben tomar por todos los consejeros del INE, señaló la ministra Norma Piña Hernández, presidenta de la Corte.
En contraste, las ministras Esquivel, Batres y Ortiz determinaron votar en contra de cualquier modificación.
La ministra Lenia Batres argumentó su voto al asegurar que estas atribuciones no limitan las facultades de los demás consejeros e incluso equiparó la situación con la Suprema Corte, donde también rige un órgano colegiado de 11 ministros, pero en el que la ministra presidenta toma decisiones y determina nombramientos.
La votación quedó seis a favor y tres en contra, por lo que no se alcanzó la mayoría calificada requerida para echar abajo tal disposición.
El Pleno de la Corte también entró a debate sobre el artículo 522, numeral 1, donde la reforma establece que “las personas candidatas podrán erogar recursos con la finalidad de cubrir gastos personales, viáticos y traslados dentro del ámbito territorial que corresponda a su candidatura dentro de los periodos de campaña respectivos”.
En otras palabras, el proyecto de la Corte proponía invalidar el artículo 522 de la LGIPE por el que se crearon los “gastos personales”, por ser contrario a la Constitución, que sólo contempla dos tipos de financiamiento de candidaturas: público y privado.
Este tema fue abordado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá al advertir que “es injusto que una persona por el simple hecho de tener más dinero que sus adversarios, gane una elección”.
No obstante, las ministras Esquivel, Ortiz y Batres, que estarán en las boletas del próximo 1 de junio, impidieron que esto se aprobara,con su voto en contra.
Esta situación provocó que el ministro Javier Laynez Potisek cuestionara sobre si ellas deberían votar o declararse impedidas, pues son parte del proceso electoral que se estaba debatiendo en la Corte.
“¿No tendría que haber un impedimento para evitar que se vote por la disposición que directamente beneficia a quienes son candidatas?”, cuestionó Laynez.
Sin embargo, este punto no prosperó debido a que para discutir un impedimento este debe ser propuesto por los mismos ministros, previo a la sesión para después ser votado por el Pleno.
Las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres Guadarrama incluso advirtieron que sí analizaron la posibilidad, pero insistieron en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido constante en que los impedimentos son excepciones muy puntuales y en la discusión de normas generales “normalmente” no aplica.
Finalmente, el último asunto a discutir fue respecto a la ley de medios de impugnación, pues el proyecto planteaba dejar inválidos aquellos preceptos que dejaban inexistente la apelación en segunda instancia, pero la votación quedó nuevamente seis a tres.
De esta manera, pese a las posturas de seis de los nueve presentes, la Corte dejó intactas las reformas a las leyes secundarias electorales en materia de la llamada elección judicial.