Por Karina A. Rocha Priego
Cuántas veces se advirtió que los famosos programas sociales, esos que el actual gobierno presumió como el gran salvavidas de millones de mexicanos, no eran eternos ni inmunes a la realidad económica.
Desde el primer día, expertos, académicos y hasta voces dentro de la administración alertaron que, cuando los ingresos públicos dejaran de crecer al ritmo necesario, esos programas tendrían que reducirse o desaparecer.
La advertencia se tachó de alarmista, de “ataque neoliberal” o de mentira de opositores pero, hoy, la cruda realidad les da la razón: las tijeras ya están cortando los apoyos, y lo hacen sin miramientos.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha confirmado que, con la finalidad de reducir el déficit fiscal hacia el cierre de año, se han aplicado recortes millonarios al gasto programable en el primer semestre de 2025.
Lo preocupante no es sólo la magnitud de las reducciones, sino el hecho de que están concentradas justamente en las áreas más sensibles: los programas sociales administrados por la Secretaría del Bienestar y la Secretaría de Educación Pública (SEP), así como en la inversión en infraestructura, materiales y suministros de Petróleos Mexicanos (Pemex) y en provisiones salariales para el sector público.
Los números son contundentes, la SEP registró una disminución de 27 mil 853 millones de pesos, mientras que la Secretaría del Bienestar vio evaporarse 40 mil 944 millones, afectando estos recortes directamente a programas que el propio gobierno vendió como intocables: Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pensión para Personas con Discapacidad, Sembrando Vida, Mujeres Bienestar, La Escuela es Nuestra y varias becas educativas.
No se trata de ajustes menores: son reducciones que, en muchos casos, dejarán a miles de beneficiarios sin el apoyo prometido.
El argumento oficial es que hay que contener el déficit, y que la caída de ingresos petroleros -sumada a un IEPS por debajo de lo aprobado- obliga a hacer sacrificios.
Sin embargo, es imposible ignorar que esta es la consecuencia directa de una política pública que priorizó la entrega de dinero inmediato, sin garantizar la sostenibilidad financiera de largo plazo, en pocas palabras, se gastó como si el dinero fuera inagotable, y ahora, cuando ya no alcanza, se recorta.
El ajuste general al gasto público asciende a 286 mil 885 millones de pesos, de los cuales 281 mil 76 millones corresponden al gasto programable, es decir, a los recursos destinados a cumplir objetivos y metas de programas y proyectos gubernamentales.
No es casual que Pemex y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) estén entre los más castigados, con recortes a la inversión física y al desarrollo de proyectos clave, como trenes de pasajeros y modernización de infraestructura, esto no sólo frena la actividad económica, sino que también posterga el desarrollo que tanto se pregona en discursos.
El impacto es claro: menos inversión significa menos obras, menos empleos, y una menor calidad en bienes y servicios públicos.
Al respecto, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), lo resumió bien: esto afectará el crecimiento económico, la recaudación y, de manera inmediata, el nivel de vida de la población, menos inversión en casi todos los rubros significa, simple y llanamente, un deterioro generalizado.
Paradójicamente, mientras se recortan estos programas, hay aumentos en otras áreas: el IMSS, Hacienda, la Secretaría de Relaciones Exteriores, Gobernación y la Comisión Federal de Electricidad han recibido incrementos por conceptos como pensiones, control aduanero, servicios consulares y materiales.
El gasto en pensiones, por ejemplo, creció 8.4 % sólo en el primer semestre, reflejando el envejecimiento de la población, pero también mostrando cómo las obligaciones permanentes reducen el margen de maniobra presupuestal para atender emergencias o necesidades inmediatas.
Esta situación desenmascara una verdad incómoda: los programas sociales, tal como se diseñaron, dependían más de un flujo constante de ingresos que de una estrategia integral de desarrollo, pero no hubo una política que fortaleciera la base económica para sostenerlos; en cambio, se apostó por repartir dinero como fórmula mágica para ganar legitimidad y votos, la estrategia fue rentable políticamente a corto plazo, pero insostenible en el tiempo.
El gobierno podrá argumentar que las reducciones son temporales, o que responden a ajustes administrativos y cambios en el padrón de beneficiarios -por graduaciones escolares o fallecimientos-, pero la magnitud y el momento en que llegan hablan de algo más profundo: un modelo económico que empieza a resquebrajarse bajo su propio peso.
Lo más grave es que esta no será la última vez que veamos recortes, pues la presión fiscal seguirá aumentando, la dependencia de ingresos petroleros continuará siendo un riesgo, y las obligaciones por pensiones y deuda pública crecerán año con año, sin reformas estructurales, el margen para financiar programas sociales seguirá reduciéndose, dejando en claro que el “Estado benefactor” de esta administración estaba construido sobre bases endebles.
La moraleja es amarga: se ignoraron las advertencias y se prefirió la rentabilidad electoral sobre la estabilidad económica, hoy, las consecuencias ya no son un pronóstico, sino una realidad palpable para miles de familias que verán reducidos o eliminados los apoyos que, durante años, se les prometió que jamás se tocarían y, en política, pocas cosas erosionan más la confianza que descubrir que la palabra empeñada no vale ni el papel donde se escribió.
Por lo pronto, lo que a nadie le gusta escuchar “… se los dije”, mientras no haya una política económica sustentable, real y profesional, la economía en México seguirá en picada, pese a las “falsas sonrisas y mentiras piadosas -pero constantes-” de los servidores públicos morenistas de que todo, “está bien”.
¡Mentira!
Esta no es más que una farsa más del Gobierno Federal contra millones de mexicanos…
