* Los policías municipales son los más denunciados con 2 mil 692 quejas……
Por Martha Romero
Datos de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción señalan que del 1 de mayo de 2023 y hasta el pasado 31 de marzo, se han iniciado 6 mil 974 carpetas de investigación contra servidores públicos estatales y municipales, siendo el abuso de autoridad y cohecho los delitos de mayor incidencia.
Los elementos policiacos municipales son los más denunciados con un total de 2 mil 692, le siguen los policías estatales con 642 acusaciones, los policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) un total de 623, los ministerios públicos contabilizan mil 189 quejas.
Mientras que las y los presidentes municipales registran un total de 78 denuncias y el personal de los ayuntamientos un total de 297.
Además, el mapeo de incidencia delictiva indica que Toluca, Naucalpan y Nezahualcóyotl son los municipios con mayor incidencia delictiva, le siguen Tlalnepantla y Ecatepec, por lo que a través de acciones coordinadas con el Ministerio Público y la policía de investigación ejecutan detenciones en flagrancia.
De acuerdo con la Fiscalía, estas acciones representan un avance significativo en lo que al rezago de investigaciones pendientes se refiere y tiene como finalidad entender de mejor manera el no ejercicio de la acción penal que el ministerio público podrá decretar cuando los antecedentes permiten concluir que en el caso se actualiza alguna de las causales de sobreseimiento.
Por ejemplo, que el hecho no se haya cometido, que el hecho cometido no constituya un delito, la abstención de investigación, que obedece a que los hechos relatados no son constitutivos de delito o cuando los antecedentes o los datos permiten establecer que se encuentra extinguida la acción penal.
Entre los principales obstáculos que se presentan para lograr su judicialización están la falta de interés de las víctimas porque pueden llegar a acuerdos extrajudiciales con los investigados y ya no aportan datos de prueba, así como que las audiencias son programadas con mucho tiempo posterior a su petición.
Otro de los retos señalados es la falta de localización de los investigados y las prácticas dilatorias, como el hecho de que cambien de defensa constantemente, además de ingresar demandas de amparo sin que exista el acto reclamado o bien la indecisión de irse a un procedimiento abreviado.
