* “Responsabilizamos directamente a la alcaldesa Juana Elizabeth Díaz Peñaloza de cualquier acto de intimidación o represalia…”……
Por Mireya Álvarez
La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) Valle de Toluca, empresarios locales, ciudadanos y representantes del sector turístico han alzado la voz frente a lo que describen como una crisis sin precedentes en el municipio de El Oro. Las acusaciones señalan directamente a la presidenta municipal emanada de Morena, Juana Elizabeth Díaz Peñaloza, de ejercer un gobierno autoritario que estaría afectando gravemente la economía local, el patrimonio cultural y la vida comunitaria.
Christian Muñoz Tapia, presidente de la CANIRAC Valle de Toluca, informó que el sector restaurantero ha registrado una caída del ocho por ciento en ventas durante el primer semestre del año en comparación con el mismo periodo del 2024. “Esto habla de una disminución en las ventas naturales, provocadas por incertidumbre económica y falta de comunicación por parte de las autoridades”, afirmó.
Muñoz Tapia anunció un incremento en los costos de insumos, especialmente en las proteínas, de hasta del 16 por ciento, y márgenes de utilidad que apenas alcanzan el 10 por ciento, lo que coloca al sector en una situación de alta vulnerabilidad.
Uno de los casos más emblemáticos es el del restaurante Vagón Express Minero, un símbolo turístico del municipio, suspendido sin previo aviso bajo supuestas irregularidades administrativas y, sorprendentemente, la acusación de realizar peleas de gallos dentro del vagón, una afirmación que los concesionarios calificaron como “absurda” debido a las dimensiones del lugar.
Emilio Bringas Guedea y Vanessa Alcántara Ruíz, concesionarios del Vagón, relataron cómo el pasado 10 de junio autoridades de Protección Civil acudieron a realizar una inspección y, sin otorgar plazo alguno para subsanar observaciones, clausuraron el lugar en cuestión de horas. “Nos trataron como delincuentes; llegaron elementos de la policía municipal y de la Guardia Nacional. Llevamos 22 años operando legalmente, pagando impuestos, generando empleo y creando un corredor turístico”, lamentó Alcántara.
Aunado a ello, denunciaron también irregularidades en los documentos oficiales como notificaciones sin firmas, fechas alteradas y un desconocimiento general del marco legal por parte de las autoridades municipales.
Asimismo, indicaron que la clausura del Vagón no solo ha dejado a 12 personas en incertidumbre laboral directa, sino que ha detenido por completo la actividad en su entorno. “Hay cafeterías, restaurantes, bares, puestos de artesanías y tranvías turísticos que dependen del flujo de visitantes al Vagón. Hoy están paralizados”, señaló.
Además, denunciaron se cancelaron eventos deportivos como el torneo mexiquense de básquetbol, que habría atraído a más de 100 equipos. “Se calcula que en un solo fin de semana se perdió una derrama económica superior a los 30 millones de pesos”, añadieron.
En total, estiman que las pérdidas económicas en El Oro superan ya los 100 millones de pesos en este primer semestre, debido a clausuras, obras inconclusas y una política que ha desalentado la actividad económica.
En este sentido, Antonio Valdés Recillas, profesor jubilado, relató que la presidenta morenista ha ejercido un control absoluto del municipio desde su llegada al cargo el 1 de enero. “Se demolió el histórico cuartel militar ignorando órdenes del INAH, se modificó ilegalmente el Palacio Municipal, y se ignoran sistemáticamente las recomendaciones de conservación del patrimonio”.
En tanto, Silvia Escalante, maestra jubilada, denunció el cierre de espacios deportivos y culturales sin justificación. “Se cerró el Oro Club, la unidad deportiva y la casa de cultura. Esta señora nos está arrebatando los espacios comunitarios”, expresó indignada.
Ante esta situación, indicaron que ya levantaron las denuncias correspondientes ante el INAH, el Tribunal Administrativo Contencioso y otras instancias por posibles violaciones a la ley en el manejo del patrimonio, así como por abusos de autoridad.
Asimismo, CANIRAC y los ciudadanos exigieron la intervención de instancias estatales y federales. “No somos el enemigo, somos parte de la solución económica del estado. Solo pedimos certeza jurídica, diálogo y que se nos deje trabajar”, insistió Muñoz Tapia.
“Responsabilizamos directamente a la alcaldesa Juana Elizabeth Díaz Peñaloza de cualquier acto de intimidación o represalia. Ya no podemos callar más ante su autoritarismo”, concluyeron los manifestantes, quienes anunciaron que recurrirán a todas las vías legales y mediáticas necesarias para detener lo que consideran un deterioro acelerado del municipio.
