El pasado sábado 12 de octubre, se llevó a cabo el proceso de selección, a través de la tómbola judicial, de 711 cargos judiciales, 350 tribunales y 361 juzgados de distrito, que en 2025 serán renovados a través del voto popular. Ante dicha resolución, Víctor Oléa Peláez, presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados calificó esta medida como “indignante”, pues se desecha la experiencia y preparación.
Además, 114 vacantes, renuncias y retiros programados de magistrados, y 25 de jueces de distrito, serán directamente integrados para la convocatoria del próximo año, por lo que en total serán 464 tribunales y 386 juzgados que entrarán en los comicios.
Uso de tómbola es un mecanismo absurdo
Víctor Oléa Peláez indicó que el uso de una tómbola para definir el destino de estos profesionales es no sólo un mecanismo absurdo, sino un ataque directo a la justicia y a las carreras de quienes han dedicado su vida a este sector. Calificó esta medida como “indignante”, afirmando que se están desechando años de experiencia y preparación, obtenidos a través de rigurosos concursos de oposición.
“Es inadmisible imaginar que la mitad de los juzgadores federales puedan terminar sus carreras judiciales a través de un sorteo”, subrayó Víctor Oléa. A pesar de las afirmaciones del gobierno sobre que este cambio sería positivo para el país, Víctor Oléa Peláez alertó que la falta de jueces calificados abrirá las puertas a prácticas corruptas. “Sin una formación adecuada, los nuevos jueces serán más susceptibles a las influencias gubernamentales”, advirtió.
Reforma judicial sorprende al mundo
El presidente de la Barra también se mostró escéptico ante las comparaciones que se han hecho con otros sistemas judiciales, como el de Estados Unidos, argumentando que la situación en México es completamente distinta y que la reciente reforma judicial ha sido recibida con asombro a nivel internacional.
Por otro lado, Víctor Oléa enfatizó la gravedad de la situación actual, en la que se han emitido múltiples suspensiones judiciales que no han sido acatadas por el gobierno. “Estamos ante una crisis constitucional”, aseveró, señalando que las autoridades parecen ignorar las decisiones del Poder Judicial.
La preocupación por el futuro de la administración de justicia en México sigue creciendo, mientras se acerca la fecha de votación para la implementación de esta polémica reforma, prevista para junio de 2025. Ante esto, Víctor Oléa concluyó: “el desacato a las resoluciones jurisdiccionales es un indicativo de la grave crisis que enfrentamos”.
