* UIF tendría superpoderes contra delincuencia organizada……
El Senado alista modificaciones a la ley antilavado para otorgar mayores facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con el objetivo de fortalecer la vigilancia sobre el financiamiento al terrorismo y las redes del narcotráfico.
La reforma también pretende incorporar una medida que no prosperó durante la creación de esta ley en 2011, en el sexenio de Felipe Calderón: obligar a los partidos políticos y sindicatos a presentar avisos a la UIF en caso de detectar posibles operaciones de lavado de dinero.
El senador Javier Corral circuló entre sus colegas el proyecto de dictamen de la iniciativa que presentó en octubre de 2024, para actualizar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Esta reforma busca cumplir con las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI).
En enero se llevó a cabo un parlamento abierto sobre el tema. Corral señaló que Morena busca que esta reforma sea aprobada tanto en la comisión como en el pleno del Senado antes de que termine el actual periodo legislativo.
El proyecto de dictamen introduce cambios importantes en materia de responsabilidad penal y en el papel que juega la UIF en el combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Uno de los puntos destacados es que, para efectos de investigación, se reconoce a la UIF como víctima en los delitos de lavado de dinero que involucren servicios de instituciones del sistema financiero. Esto asegura su participación activa en las investigaciones y procesos penales.
Ante los constantes choques entre la UIF y la Fiscalía General de la República (FGR), la reforma establece la obligación para la Fiscalía de notificar a la UIF cuando detecte un delito de lavado de dinero. De esta manera, se busca facilitar la recolección de denuncias, ejercer acciones penales, identificar redes criminales, recuperar activos y evitar la impunidad.
También se elimina la obligación del Ministerio Público de probar dolo específico para sancionar a quienes presenten información falsa, alterada o ilegible, así como modificar documentos destinados a ser incorporados en los avisos de operaciones sospechosas.
La reforma refuerza las actividades ya consideradas vulnerables para el lavado de dinero y añade nuevas.
Además de las instituciones financieras, se ordena un verdadero conocimiento del cliente mediante su documentación, y la conservación de registros en sectores como casinos, agentes inmobiliarios, comerciantes de metales y piedras preciosas, administradores de activos, así como en la creación, operación o administración de entidades jurídicas y la compraventa de empresas.
Asimismo, las empresas mercantiles deberán identificar y registrar a las personas o grupos que ejerzan control sobre ellas, así como notificar cualquier cambio en la tenencia.
Con la adición al artículo 51 de la ley, se propone que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, local y municipal, así como organismos constitucionales autónomos y empresas públicas del Estado, proporcionen a Hacienda toda la información, imágenes, documentos y datos requeridos en el ejercicio de sus atribuciones.
El Instituto Nacional Electoral (INE) será el responsable de proporcionar la información relativa a partidos políticos nacionales y locales, agrupaciones políticas, coaliciones, precandidaturas, candidaturas independientes y de partido.
Las secretarías del Trabajo y Previsión Social, tanto federal como locales, deberán aportar la información correspondiente a los sindicatos y sus dirigentes.
En tanto, Pemex deberá entregar a Hacienda la información que tenga conforme a sus facultades.
La reforma también incorpora la definición de Persona Políticamente Expuesta (PEP), obligando a las instituciones financieras a identificarlas y monitorear sus operaciones. Se propone un Manual de Políticas Internas y el uso de sistemas automatizados para supervisar las transacciones con estas personas.
La Secretaría de Hacienda será responsable de elaborar y mantener actualizado un listado con los cargos de servidores públicos considerados como PEP.
Por su parte, los poderes Legislativo y Judicial, los órganos autónomos, dependencias federales, estados, municipios, la FGR y fiscalías locales, así como empresas productivas del Estado, deberán remitir sus propios listados con los datos que determine Hacienda.
En caso de duda, las instituciones financieras podrán consultar a la Secretaría de Hacienda para determinar si un cliente es considerado Persona Políticamente Expuesta.
De las 19 reformas constitucionales aprobadas hasta ahora por Morena, incluyendo la reforma judicial, sólo se ha permitido un parlamento abierto.
Este único foro fue organizado para discutir la iniciativa de Javier Corral, presentada el 31 de octubre de 2024, que reforma la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como los artículos 11 Bis y 400 Bis del Código Penal Federal.
