Las comisiones unidas de Hacienda y Estudios Legislativos, Segunda del Senado, cancelaron la sesión donde se pretendía aprobar la minuta de la Cámara de Diputados que contempla el embargo hasta de 40 % del salario de los trabajadores para pagar créditos de nómina que hayan solicitado.
En una intensa discusión, la oposición y agrupaciones sindicales han criticado la iniciativa ante el riesgo de establecer que el denominado “Crédito de Nómina con Cobranza Delegada”, no está normado por el sistema jurídico.
Las secretarias técnicas de ambas comisiones informaron a través de un oficio dirigido al presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, la decisión de posponer la sesión hasta nuevo aviso.
Bajo este contexto, legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) ya habían alertado sobre esta reforma propuesta por Morena en el Senado.
En ese sentido, la priista Claudia Anaya Mota alertó que esta reforma es una especie de cobranza que se permite hacer ahora a través de los empleadores, cuando uno de sus trabadores tiene un adeudo con alguna entidad financiera.
La senadora también señaló que este tipo de retenciones están prohibidas, “ya hay sentencia constitucional, pero esta puede seguir el mismo rumbo, es decir, si yo me endeudé en una tienda, en un supermercado, el patrón puede ir descontando estos adeudos”.
La legisladora también destacó que esto no debe ocurrir, pues considera que se trata de un abuso, por lo que recomienda que la gente esté pendiente de lo que haga Morena y buscar los mecanismos de defensa judicial.
“Vamos a votar en contra de esas reformas en comisiones y en el pleno. Es un abuso y un negocio del entonces senador Pedro Haces Barba. Él la promovió porque está vinculado a una Sofol y busca que sea más fácil la cobranza”, añadió.
Por su parte, Ricardo Anaya Cortés, coordinador del PAN en el Senado, señaló su preocupación por la rapidez con la que los legisladores de Morena pretenden la aprobación de la iniciativa, la cual explicó podría ser violatoria tanto a la Constitución como a la Ley Federal del Trabajo.
“La Constitución dice claramente que el salario mínimo es inembargable y la Ley Federal del Trabajo lo dice con mayor claridad, porque ya no se refiere al mínimo, se refiere al salario en general, y lo dice clarísimo la Ley Federal del Trabajo. No se puede embargar el salario de los trabajadores, salvo cuando se trata del pago de la pensión alimenticia”, explicó Anaya Cortés.
Asimismo, el panista detalló que la reforma plantea que, una vez firmado el documento, el acuerdo es irrevocable.
Vale la pena recordar que en marzo de 2022, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador vetó una iniciativa similar, presentada por Pedro Haces, la cual el mandatario la calificó de “injusta”.
“No estoy de acuerdo con esa reforma, el salario es sagrado y es lo que permite el sustento de la familia. No puede apropiarse de la nómina del trabajador y el Gobierno no debe prestarse a eso”, señaló López Obrador en aquella oportunidad.
“Habrá que ver si es posible emprender después acciones legales para que los trabajadores puedan ampararse contra este abuso que es un negocio de Pedro Haces y hay que decirlo así. Es una iniciativa que él promovió, él está vinculado a una Sofom y él es a quien le interesa que sea más fácil la cobranza”, sostuvo.
Sobre esta propuesta, varias voces en el Senado se han escuchado, las cuales piden que se lleve a cabo una profunda investigación a Pedro Haces y la posibilidad de que esté realizando prácticas desleales, bajo el amparo del Senado en contra de trabajadores y sindicatos.
Al menos es una alerta, aseguran varias voces de la oposición.
“La gente tiene que estar pendiente de lo que haga Morena y de que se vayan buscando los mecanismos de defensa judicial”, destacó.
“Los trabajadores podrían ver parte de su salario embargado para el pago de créditos personales. La reforma de cobranza delegada implicaría un mayor costo de administración para las empresas, que ahora tendrían que cobrar los créditos”, explicó Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico en Grupo Financiero BASE.
La especialista señaló que con esta ley, las empresas tendrán conocimiento de los créditos que tienen los trabajadores, lo cual puede ser una desventaja para el empleado al momento de negociar el salario.
