Sin mayores complicaciones, toda vez que la oposición ya no lo es tanto cuando se trata de alzar la voz y decidir sobre leyes, acuerdos y reformas, esta vez el Senado dio luz verde a la reforma de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
A partir de ahora las dependencias encargadas de investigar delitos como terrorismo, tráfico de armas, acopio ilícito y otros relacionados quedarán bajo el control de comités internos responsables de clasificar su información.
Hay que destacar que la iniciativa incluye una reserva presentada por la senadora Nora Ruvalcaba Gámez, aprobada a mano alzada por la coalición mayoritaria tras un voto de 71 a favor y 21 en contra. Con este cambio, los propios Comités de Transparencia de dichas dependencias podrán acceder y gestionar datos sensibles, abarcando instituciones como el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia y unidades especializadas en investigación de delitos complejos.
Sobre el tema, según se detalla en la propuesta presidencial, cada dependencia de gobierno deberá contar con un Comité de Transparencia. Sin embargo, las áreas de seguridad podrán manejar su información conforme a protocolos propios, delegando la responsabilidad de la clasificación a la persona titular de cada unidad. En este contexto, organismos como el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública, el Centro Nacional de Inteligencia, el Centro Federal de Protección a Personas, entre otros, quedarán exentos del régimen tradicional.
En poco tiempo de resolución, apenas tres horas, se aprobó la reforma que también crea el nuevo organismo “Transparencia para el Pueblo”, encargado de sustituir al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), oficialmente ya desaparecido.
En ese sentido, la presidenta Sheinbaum Pardo designará al funcionario que presidirá esta entidad, mientras la medida se envía a la Cámara de Diputados sin la realización de una segunda lectura formal.
También se resalta que el proyecto incrementa las causales que permitirían a las dependencias limitar el acceso a información, justificándolo como necesario para proteger el desarrollo de proyectos prioritarios y mantener la paz social. Además, la propuesta busca eliminar gastos excesivos, duplicidades y burocracias, argumentos esgrimidos por la coalición mayoritaria, que criticó los elevados costos y las prácticas ineficientes del Inai.
Entre las voces críticas, el senador Daniel Barreda Pavón, de Movimiento Ciudadano, denunció que la iniciativa fue asignada a las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos en lugar de la de Antiorrupción y Transparencia, mientras que el priista Rolando Zapata Bello advirtió que la estrategia podría centralizar el poder en el Ejecutivo, debilitando la fiscalización independiente.
Seis reservas se presentaron durante el debate, pero solo la de Ruvalcaba fue aprobada. El proyecto ahora continuará su trámite en la Cámara de Diputados.
Dependencias exentas de transparencia
La propuesta presidencial de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública también propone que distintas dependencias de seguridad no estarán obligadas a seguir las determinaciones de esos Comités y pueden gestionar el resguardo, acceso y clasificación de la información conforme a sus propios protocolos.
En esos casos, las funciones de los Comités de Transparencia serán responsabilidad de la persona titular de la dependencia o unidad administrativa.
Esos organismos exentos son el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública, el Centro Nacional de Inteligencia, el Centro Federal de Protección a Personas, las Divisiones de Inteligencia e Investigación de la Policía Federal Ministerial y Guardia Nacional, la Agencia de Investigación Criminal, el Centro Federal de Investigación Criminal, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Estado Mayor Defensa Nacional y el Estado Mayor General de la Armada o las unidades administrativas que lo sustituyan.
