Por Mireya Álvarez
En un ambiente marcado por el desconcierto y la sospecha, habitantes del municipio de Temoaya comienzan a alzar la voz ante lo que denuncian como un nuevo “casicazgo político” encabezado por la exalcaldesa y actual diputada local de Morena, Nelly Rivera, y su hermano Bernardo Rivera.
Según señalamientos que circulan ampliamente en redes sociales, personal del Ayuntamiento, particularmente del Sistema Municipal DIF, estaría siendo utilizado como brazo operativo para sabotear procesos electorales, con sueldo del erario y bajo las órdenes directas de los Rivera.
La denuncia no es menor. Ciudadanos expresan que, aunque en las urnas resultó electa Berenice Carrillo como presidenta municipal, en los hechos, quien sigue moviendo los hilos del poder es Nelly Rivera. A decir de los pobladores, Carrillo no toma una sola decisión sin la autorización previa de la exedil, quien aparentemente continúa operando desde las sombras para preservar su influencia y control político en la zona.
El malestar ha escalado debido a la difusión de documentos que apuntan a que personas cercanas a la familia Rivera, entre ellas colaboradores del hermano Bernardo, cobran salarios en el gobierno municipal sin acudir a laborar. La verdadera función de estos “aviadores”, según versiones locales, sería la de desestabilizar procesos de elección interna y generar confusión durante actos políticos donde figuran los candidatos alineados con la actual legisladora.
“Nos sentimos secuestrados políticamente. Aquí no gobierna quien elegimos, sino quienes no quieren soltar el poder”, expresó una vecina de la cabecera municipal, quien pidió anonimato por temor a represalias. Para muchos en Temoaya, estas prácticas representan no solo una falta de ética, sino una regresión autoritaria disfrazada de institucionalidad.
Mientras Temoaya lidia con la sombra de un cacicazgo, en Jocotitlán las quejas giran en torno a la incompetencia administrativa. Vecinos reportan constantes fallas en el suministro de agua potable y señalan directamente al encargado del servicio, un tal Juan Bautista, a quien acusan de carecer de formación profesional y capacidad técnica para cumplir con sus responsabilidades.
Lo que más ha encendido la indignación, sin embargo, ha sido la ostentación. En días recientes, Bautista apareció en redes sociales presumiendo un vehículo de lujo recién adquirido, lo que desató rumores sobre su forma de acceso al cargo. “Todos sabemos que su puesto no fue por méritos, sino por palancas y billetazos”, lanzó un ciudadano en un comentario ampliamente compartido en Facebook.
Tanto en Temoaya como en Jocotitlán, la constante es la misma: la ciudadanía exige transparencia, respeto a la voluntad popular y una gestión pública ética. La sensación generalizada es que mientras unos pocos se benefician del poder, las comunidades enfrentan abandono, servicios precarios y una representación sin legitimidad real.
En ambos municipios, las redes sociales se han convertido en el principal canal de denuncia, visibilizando prácticas que antes quedaban sepultadas bajo el silencio institucional. Hoy, el llamado es claro: “basta de simulaciones. Los ciudadanos quieren gobernantes con responsabilidad, no con padrinos políticos ni privilegios heredados”.
