Por Mireya Álvarez
Una denuncia ciudadana expone posibles irregularidades cometidas por Ricardo García Romero, funcionario electoral adscrito a la Consejería Propietaria de la Junta Judicial Electoral Toluca XVI, quien habría mostrado respaldo público a una candidata a magistrada durante el segundo debate organizado por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) el pasado 8 de mayo.
El señalamiento se refiere a un incidente ocurrido aproximadamente a las 18:20 horas, justo afuera de las instalaciones del IEEM. Según el denunciante -quien pidió anonimato-, García Romero habría manifestado abiertamente su apoyo a Érika Icela Castillo Vega, aspirante al Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Este gesto, de confirmarse, representaría una violación directa a la normativa electoral que prohíbe a servidores públicos intervenir en procesos políticos en curso.
El reclamo se basa en presuntas infracciones al artículo 101 del Reglamento para Órganos Desconcentrados del IEEM, además de disposiciones contenidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y el Código Penal estatal. El documento denuncia que esta conducta afecta la imparcialidad del órgano electoral y exige una investigación inmediata, así como la posible inhabilitación del funcionario mientras se desahogan las indagatorias.
“Los funcionarios electorales deben mantenerse neutrales y abstenerse de participar en actos proselitistas. La imparcialidad es un principio rector en su actuar”, se lee en la denuncia presentada, acompañada de una fotografía que presuntamente muestra a García Romero en el exterior del recinto, dialogando con simpatizantes de la candidata.
Especialistas en derecho electoral, como Jorge Carballo, afirman que si se prueba la manifestación pública de apoyo, se podría configurar responsabilidad administrativa o incluso penal. Por su parte, la politóloga Mariana Hernández advirtió que este tipo de hechos “erosionan la confianza ciudadana” y contaminan la percepción pública sobre la neutralidad de los árbitros electorales.
Cabe recordar que este proceso forma parte de una reforma histórica que busca democratizar el acceso a cargos judiciales, permitiendo por primera vez que los magistrados sean elegidos por voto popular. Por ello, cualquier intervención parcializada, por menor que parezca, mina la legitimidad del ejercicio.
Hasta ahora, el IEEM no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso. La ciudadanía, sin embargo, espera que se actúe con celeridad, transparencia y rigor para salvaguardar la integridad del proceso judicial electoral en curso.
