Parece que la suerte de varios medios de comunicación está echada, algunos para bien y otros para mal. Esto, luego de la denuncia que han hecho algunas fuentes cercanas al tema, mismas que advierten que, con el aval de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el partido en el poder avanza en la redacción de una nueva Ley Federal en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con la que se busca fortalecer la participación y recaudación del Estado mexicano en dicho sector y afianzar a la flamante Agencia de Transformación Digital como ente regulatorio.
De acuerdo con esas mismas voces, se sabe que los avances del proyecto ya fueron autorizados por Sheinbaum Pardo, que no se trata de una nueva ley, sino de modificaciones a la que está vigente y que se busca ajustar a los cambios constitucionales aprobados en el Congreso de la Unión a finales del año pasado, con los que se decretó la desaparición de órganos autónomos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Las mismas voces aseguran que entre los cambios y adiciones más importantes están los del artículo 3, en su fracción XL, donde se redefine una “neutralidad” a la competencia para exentar a los organismos de gobierno, los prestadores de servicios de telecomunicaciones, de la comisión de prácticas anticompetitivas. Se trata de entes como CFE Telecom, Altan Redes y otros que se puedan crear.
Según documentos que las fuentes han presentado, en el artículo 35 se dicta el otorgamiento directo de concesiones comerciales a entes públicos, algo que estaba prohibido en el artículo 28 de la Constitución y que quedó ambiguo tras las recientes reformas de Morena.
El caso es que, con la “nueva ley” se acabó el trato diferenciado en cuestión de comercialización, de manera que los privados tendrán en su terreno competidores con tendencia a convertirse en monopolios.
En dichos documentos oficiales también se detalla que en el artículo 79 se establece la obligación de dar acceso gratuito a internet en sitios de gobierno y la facultad que tiene el Estado para instruir a los privados el soterramiento o retiro de su infraestructura. La prioridad, aseguran los morenistas, es el acceso social a las redes de internet, por lo que se consideran para este objetivo aportaciones de los grandes generadores de tráfico como Google, Meta, Netflix, Amazon, Apple o Microsoft, a un fondo parecido al Fair Share que se discute en Europa.
De igual manera, se explica que los artículos 107 y 108 consideran una regulación a este tipo de plataformas, ejercida por la Agencia de Transformación Digital, a cargo de José Peña Merino, en la que se establece la creación de ese fondo al que estos grandes jugadores del mercado tendrán que aportar para tender redes de carácter social. La premisa es que estas firmas obtienen grandes ganancias por el uso de la infraestructura, por lo que deben contribuir a desarrollarla y democratizarla.
Por lo que hace a los costos que los privados tendrán que pagar por el uso del espectro radioeléctrico, el artículo 112 indica que este será de 5 por ciento de los ingresos que se obtengan por los servicios, lo que prácticamente es el nacimiento de un nuevo impuesto.
Las fuentes consultadas aseguran que actualmente este pago es una contraprestación que se establece en los procedimientos licitatorios de las concesiones, con base en el alcance de la población cubierta.
Las voces denunciantes alertan que estos artículos confirman a la Agencia Digital como un ente regulatorio, incluso en materia de competencia. El punto contradice a la reforma constitucional que establece a la nueva Autoridad de Competencia de la Secretaría de Economía como ente regulador de los preponderantes y concentraciones, pues se establece que la Agencia es la que tendrá las opiniones “vinculantes”.
Las mismas voces aseguran que este asunto seguramente será discutido y generará inconformidades y descontento entre las partes afectadas, aseguran una confrontación entre José Peña Merino y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón.
