El ser político no es sinónimo de impunidad y quien esté relacionado con hechos presumiblemente constitutivos de delito, como es el caso del exgobernador Silvano Aureoles Conejo, deben de responder ante los tribunales, sentenció el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, quien desde el inicio de su administración presentó en la Fiscalía General de la República y General de Justicia michoacana denuncias formales contra el ahora prófugo exmandatario, relacionado con un desvío de recursos por tres mil 500 millones de pesos, hechos por los que cuatro de sus colaboradores fueron detenidos por policías federales.
Aureoles Conejo debe responder por su conducta ante las autoridades que le requieren. Si se encuentra en el extranjero que se solicite, para su localización y detención, la intervención de autoridades internacionales -como sería la de la Policía Internacional (Interpol)- y si está en el país, nuestras autoridades cuentan con los recursos y elementos para ubicarlo, detenerlo y ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes.
En entrevistas concedidas a diversos medios de comunicación, el mandatario michoacano puntualizó que su antecesor, como los servidores públicos que incurran en conductas constitutivas de delito, no son intocables y deben de responder ante las autoridades por sus conductas. El ser político no significa que se tenga impunidad y quien o quienes cometan delitos deben de responder por ellos.
De acuerdo con Ramírez Bedolla, quien rechaza que el caso Aureoles Conejo sea una persecución política, ya que existen elementos de prueba que pueden acreditar el “gran fraude” que en complicidad de sus subordinados cometió como gobernador, las autoridades policiales y ministeriales federales, desde hace tres años, investigan los cargos que se les imputan, los que están debidamente documentados y sustentados.
Se destacó que prueba de lo anterior son las órdenes de aprehensión libradas por autoridades jurisdiccionales contra el exmandatario estatal -la que está por cumplimentarse- y las de Elizabeth Villegas Pineda, exfuncionaria de la Secretaría de Seguridad Pública; Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas; Mario Delgado Murillo, exdelegado administrativo, y Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública, quienes ya fueron detenidos.
En la oportunidad, Ramírez Bedolla expuso que Aureoles Conejo estaría relacionado con varias carpetas de investigación, ya que se estima no sólo habría incurrido en el desvío de los tres mil 500 millones de pesos en la “construcción” de cuarteles policiales, sino en otras conductas delictivas, lo que corresponderá determinar al Poder Judicial, ante el cual los coacusados de Silvano solicitaron la duplicidad del término para resolver su situación jurídica, estimándose que los vincularán a proceso, sin derecho a la libertad bajo fianza.
Acusados operaciones con recursos de procedencia ilícita -lavado de dinero- peculado, asociación delictuosa -no de delincuencia organizada- y ejercicio indebido del servicio público, los colaboradores de Aureoles, quien gobernó Michoacán de 2015 a 2021, se encuentran internados en penales de la capital del país.
