* Protestas frente a embajada de Estados Unidos reavivan el debate bilateral y dejan al descubierto una indignación política selectiva……
Por Karina A. Rocha Priego
Las manifestaciones de académicos, activistas y organizaciones frente a la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México, han vuelto a colocar en el centro del debate público la relación bilateral entre México y su vecino del norte, un vínculo inevitable por razones económicas, migratorias, comerciales y de seguridad, pero también profundamente politizado, cada vez que surge un episodio que permite agitar el discurso de la soberanía nacional, una bandera que en el debate público mexicano suele ondearse con fuerza selectiva, dependiendo de quién gobierna y de quién critica.
Soberanía de discurso, silencio frente a la realidad
Las protestas recientes se enfocaron en decisiones de política exterior de Washington y en el endurecimiento del discurso migratorio en ese país, lo que motivó que sectores académicos y organizaciones civiles acudieran a expresar inconformidad frente a la sede diplomática estadounidense, en una escena que ya es conocida en la política mexicana, manifestaciones que apelan a la defensa de la soberanía, discursos encendidos contra el intervencionismo y llamados a resistir presiones externas; sin embargo, detrás de la retórica nacionalista aparece una pregunta incómoda, ¿por qué esa indignación parece activarse únicamente frente a ciertos temas y no frente a otros que también afectan de manera directa la dignidad, la seguridad y el bienestar de millones de mexicanos?.
Indignación contra Washington, silencio ante el narco
Porque mientras algunos grupos levantan la voz frente a la embajada estadounidense, guardan silencio frente a tragedias que ocurren dentro del propio territorio nacional, tragedias que no provienen de una potencia extranjera, sino del avance brutal de la delincuencia organizada, del narcotráfico y de la violencia que se ha instalado como parte cotidiana de la vida pública, una violencia que ha dejado cientos de miles de víctimas y que ha fracturado comunidades enteras en varios estados del país.
Resulta inevitable cuestionar esa selectividad cuando se observa que, quienes hoy se movilizan para denunciar presiones externas, pocas veces aparecen defendiendo a las familias que buscan a sus desaparecidos, a las madres que recorren fosas clandestinas con la esperanza de encontrar a sus hijos o a las comunidades atrapadas entre enfrentamientos del crimen organizado, la soberanía nacional parece ser un concepto poderoso cuando se trata de confrontar discursos políticos internacionales, pero curiosamente pierde fuerza cuando la amenaza proviene de grupos criminales que disputan territorios dentro del propio país.
Petróleo regalado y soberanía ausente
La contradicción es todavía más evidente cuando se analizan otras decisiones del propio gobierno mexicano, decisiones que también podrían abrir un debate serio sobre la soberanía y el uso de recursos públicos; por ejemplo, el envío constante de petróleo subsidiado a Cuba, una política heredada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y mantenida durante la administración de Claudia Sheinbaum, que ha significado miles de millones de pesos en recursos energéticos enviados al régimen caribeño, una transferencia que, en la práctica, funciona como un respaldo económico financiado por los contribuyentes mexicanos.
Sin embargo, frente a ese flujo de recursos estratégicos hacia otro país, el discurso de la soberanía nacional no suele aparecer en las mismas voces que hoy protestan frente a la embajada estadounidense, tampoco se escuchan marchas multitudinarias cuestionando por qué un país con enormes carencias sociales y presupuestales decide regalar petróleo mientras enfrenta problemas graves en materia de salud, seguridad y empleo.
Médicos desplazados por decisiones ideológicas
La misma contradicción se repite en el sector salud, donde cientos de médicos mexicanos han denunciado durante años falta de plazas, precariedad laboral y reducción de oportunidades profesionales dentro del sistema público, mientras el gobierno mexicano decidió contratar contingentes de médicos cubanos para ocupar espacios en hospitales nacionales, una política que también comenzó bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que se ha mantenido bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum Pardo.
El argumento oficial ha sido la falta de médicos en ciertas regiones del país, pero esa explicación no ha logrado convencer a muchos especialistas mexicanos que aseguran haber sido desplazados o ignorados mientras el gobierno paga sumas millonarias al gobierno cubano por la contratación de su personal médico, una decisión que no sólo tiene implicaciones laborales, sino también políticas, porque implica transferencias económicas hacia un gobierno extranjero mientras profesionales nacionales permanecen subutilizados o desempleados.
Soberanía como bandera política
Frente a ese panorama, el discurso de la soberanía vuelve a desaparecer del debate público, como si la defensa del interés nacional dependiera más del contexto político que de una convicción constante, como si la indignación tuviera destinatarios cuidadosamente seleccionados.
El problema no es que existan protestas contra decisiones del gobierno estadounidense, en una democracia cualquier ciudadano tiene derecho a cuestionar la política exterior de cualquier país, el problema es que ese discurso pierde credibilidad cuando se utiliza de manera parcial, cuando se aplica sólo contra adversarios ideológicos y se ignora cuando las decisiones cuestionables provienen del propio gobierno o de aliados políticos.
La soberanía también se defiende dentro del país
La relación entre México y Estados Unidos seguirá siendo compleja y profundamente interdependiente, millones de empleos dependen de ese vínculo, millones de mexicanos viven en territorio estadounidense y el comercio bilateral es uno de los más grandes del mundo, por lo que cualquier tensión diplomática tiene repercusiones reales en la economía y en la política de ambos países.
Sin embargo, el verdadero debate sobre la soberanía nacional debería ir más allá de consignas frente a una embajada, debería incluir preguntas incómodas sobre el manejo de recursos públicos, sobre la seguridad de los ciudadanos, sobre la responsabilidad del Estado frente a la violencia y sobre las decisiones que comprometen el futuro del país.
Porque la soberanía no se defiende únicamente con discursos contra gobiernos extranjeros, también se defiende garantizando seguridad, justicia, empleo y dignidad dentro del propio territorio, y mientras esas tareas sigan pendientes, cualquier bandera nacionalista levantada frente a una embajada corre el riesgo de convertirse más en un gesto político que en una defensa real del país.
