Por Mireya Álvarez
Tras el envío al Congreso de una amplia propuesta para modificar 17 leyes relacionadas con igualdad sustantiva, desarrollo social, salud y prevención de violencias, la organización Red Familia emitió un análisis preliminar en el que subraya la presencia de conceptos que, a su juicio, requieren mayor claridad jurídica.
De acuerdo con el documento, en el Título III, Capítulo I, Artículo 17, fracción XI de la iniciativa remitida por el Ejecutivo, se incorpora como eje de la Política Nacional de Igualdad Sustantiva la “garantía de derechos sexuales y reproductivos”, ante ello, la agrupación señala que, aunque el concepto no es definido explícitamente en la propuesta, en el ámbito internacional suele asociarse al acceso al aborto, por lo que consideran indispensable delimitar su alcance en la legislación mexicana.
Red Familia detalla que varios organismos multilaterales han vinculado el término “derechos sexuales y reproductivos” con la interrupción del embarazo, donde desde la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), en materiales informativos sobre salud sexual y reproductiva, sostiene que el acceso al aborto forma parte de las obligaciones estatales para eliminar la discriminación contra las mujeres y garantizar su derecho a la salud.
En tanto, Amnistía Internacional, afirma que la autonomía reproductiva implica que todas las personas puedan decidir sobre su fertilidad, lo que, en su visión, incluye garantizar el acceso al aborto.
En tanto la ONU-DH México, en su definición operativa, la oficina incluye la facultad de decidir sobre la reproducción y el acceso a los medios para hacerlo, interpretación que diversas instancias han traducido como una obligación estatal para ofrecer servicios de aborto bajo determinadas condiciones.
Según Red Familia, estos ejemplos confirman que el término no es neutral y que su uso sin una definición precisa podría generar lecturas que no coinciden con las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha señalado que el aborto no forma parte de su propuesta enviada al Legislativo.
En este sentido, la organización subraya que respalda cualquier esfuerzo encaminado a fortalecer la seguridad, el desarrollo y la protección de mujeres, niñas y adolescentes frente a la violencia y la discriminación, no obstante, advierte que el Gobierno Federal debe garantizar que los cambios legales no abran espacios para interpretaciones que alteren otros marcos normativos o que no hayan sido discutidas de forma explícita por el Congreso.
Y es que, Red Familia expone cuatro razones por las que considera necesaria una definición clara, esto dijo, para evitar discrepancias entre autoridades federales y estatales; preservar la diversidad de convicciones presentes en México; mantener coherencia con las leyes vigentes en salud, educación y políticas familiares; así como impedir que términos amplios se utilicen para justificar modificaciones normativas no contempladas en la iniciativa.
Finalmente, la organización informó que prepara un documento más completo para compartir con legisladores, autoridades y grupos interesados, con el objetivo de aportar elementos técnicos a la discusión y promover un debate informado que priorice la protección de los derechos humanos.
