Por Karina A. Rocha Priego
Lo que hoy vive México no es una crisis diplomática ni un simple diferendo bilateral, es una tragedia nacional disfrazada de cooperación internacional.
La administración de Claudia Sheinbaum ha empezado su sexenio sometiéndose dócilmente a las órdenes de Washington.
La reciente exigencia del gobierno de Donald Trump para que se procese y extradite a políticos mexicanos vinculados al narcotráfico es sólo la punta del iceberg de una política exterior entreguista que pone en jaque nuestra soberanía.
Las reuniones encabezadas por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y las amenazas de nuevos aranceles si México no actúa como quiere Estados Unidos, representan una humillación directa.
Pero más grave que la amenaza en sí es la respuesta: silencio, complacencia, sumisión. México ni siquiera fingió incomodidad; simplemente obedeció.
¿Dónde está el supuesto “gobierno fuerte” del que tanto presume la 4T? ¿Dónde está la narrativa de dignidad nacional, de defensa del pueblo frente al imperialismo?
Hoy, el Gobierno de México se comporta como una sucursal administrativa de Washington, dispuesto a hacer lo que sea -entregar, callar, procesar, extraditar- con tal de evitar una sanción económica o un regaño diplomático.
Un gobierno que no gobierna, obedece
La entrega de 29 narcotraficantes a finales de febrero fue presentada como un logro por el gabinete de seguridad, pero fue en realidad una concesión bajo amenaza.
Una humillación disfrazada de cooperación y, peor aún, ahora se pretende que México no sólo actúe contra delincuentes, sino que procese a funcionarios electos en funciones, varios de ellos del partido Morena, o sea que, el Ejecutivo mexicano no sólo acepta la injerencia, la legitima.
La Fiscalía puede ser constitucionalmente autónoma, pero en los hechos, todos sabemos que las investigaciones de alto nivel se mueven con el aval del poder político o, ¿alguien cree que se puede procesar a un gobernador sin el visto bueno de Palacio Nacional?
La presidenta Sheinbaum está comenzando su mandato mostrando debilidad, en lugar de marcar límites, permitir el respeto a los cauces legales y reafirmar la soberanía, se doblega sin resistencia.
La propuesta de Estados Unidos de crear un “zar del fentanilo” que se comunique directamente con ella es un insulto institucional, pero el gobierno la recibió sin el más mínimo gesto de inconformidad.
México ya no actúa como una nación libre, sino como territorio tutelado. Marina del Pilar y el linchamiento diplomático
El caso de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, es alarmante, tras cancelar su visa y la de su esposo por parte del gobierno estadounidense, sin explicación ni proceso legal alguno, es una violación flagrante de principios diplomáticos básicos.
No hay acusación formal, no hay pruebas públicas, sin embargo, el mensaje es claro: “te tenemos en la mira”.
¿Qué hizo el gobierno mexicano para defender a su funcionaria? Nada, absolutamente nada; ni un solo pronunciamiento de la cancillería, ni una nota diplomática, ni siquiera un tuit.
La sumisión ha llegado al punto de renunciar a la defensa de sus propios representantes, con tal de no incomodar al gigante del norte.
¿Y si mañana se cancela la visa de otro gobernador? ¿Y si después exigen la cabeza de un senador? ¿Hasta dónde está dispuesto este gobierno a ceder?
Y, en realidad, eso no tarda mucho en suceder, es más, ya sabemos “la cabeza de quién o quiénes quiere Estados Unidos”.
Impunidad selectiva y justicia a la carta
Lo más cínico del asunto es que el Gobierno de México sabe perfectamente quiénes están coludidos con el crimen organizado; lo sabe desde hace años, las investigaciones existen, las pruebas abundan, pero la acción judicial es selectiva.
¿Por qué? Porque la corrupción política ha sido útil al poder.
Pero cuando Estados Unidos levanta el teléfono y amenaza con aranceles, entonces sí se apresuran a capturar, entregar o investigar, aunque ello signifique violar principios constitucionales, el debido proceso o el pacto federal. Así funciona la justicia mexicana: débil con los fuertes, fuerte con los débiles, y completamente servil frente a Washington.
Un gobierno que traiciona su mandato
El gobierno de Claudia Sheinbaum tiene un mandato claro: defender la República, combatir la corrupción, proteger la soberanía, pero en su lugar, ha optado por el camino más fácil: el de la obediencia absoluta, y esa decisión tiene consecuencias profundas.
México está siendo instrumentalizado para los intereses electorales de Donald Trump, quien necesita mostrar “mano dura” contra los cárteles ante su base republicana.
Sheinbaum, en lugar de enfrentarlo, le da la razón, le entrega cabezas, y hasta se ofrece para que un emisario antidrogas estadounidense se instale en su propio gabinete. ¿Cómo no vamos a hablar de traición?
La historia de México está llena de presidentes que, ante la presión extranjera, se doblaron.
Lo que vivimos hoy es una reedición moderna de aquella vieja narrativa, pero esta vez no es por falta de poder, sino de voluntad.
Claudia Sheinbaum tiene en sus manos la posibilidad de romper con esa tradición de sumisión, sin embargo, hasta ahora, ha elegido el camino más fácil: obedecer, callar, y entregar.
El verdadero enemigo no está en Washington, sino en Palacio Nacional, cuando quienes lo ocupan olvidan que fueron elegidos para gobernar a un país libre, no para administrar una colonia.
Pero, dicho sea de paso, si de borrar las libertades en México se trata, este gobierno ya lo está haciendo, solito, sin ayuda…