Un fondo creado para apoyos sociales en Guanajuato fue usado para favorecer a cuates, cobrar moches por obras, pagar sueldazos de 110 mil pesos, comprar autos de lujo y entregar recursos a fundaciones y organizaciones sin rendir cuentas ni comprobar gastos.
El fideicomiso, creado con recursos del impuesto sobre nóminas que se cobra a las empresas y recursos estatales, tuvo hasta mil 500 millones de pesos y era administrado por un patronato relacionado con políticos, funcionarios y grupos empresariales.
Ante las evidencias ya presentadas, la nueva gobernadora panista, Libia Dennise García Muñoz Ledo, suspendió el fideicomiso por las irregularidades y transas detectadas, y se ordenó además una auditoría de los recursos entregados de 2020 a 2024.
Hay que recordar que en 2019 el entonces gobernador Diego Sinuhé Rodríguez Vallejo creó el Fideicomiso de Administración e Inversión para Financiar Obras, Infraestructura, Proyectos y Acciones Prioritarias en Desarrollo Social y Seguridad Pública (Fidesseg).
A través de diversas investigaciones, finalmente se tuvo acceso a un informe de irregularidades detectadas por la nueva administración de la gobernadora panista, como obras infladas, cobros duplicados, gastos excesivos en sueldos, viáticos, viajes y contratación de empresas de amigos y familiares.
Según el desglose, en 2021 se favoreció a 23 asociaciones y proyectos con más de 84 millones de pesos; en 2022 se entregaron más de 364 millones a 103 proyectos; en 2023 fueron 703 millones a 138 proyectos; y de enero a junio de este año se destinaron más de 350 millones para 78 proyectos y asociaciones.
Sin embargo, en un análisis y revisión de los gastos llevados a cabo por la nueva administración, brotaron irregularidades. Por ejemplo, el cobro de “moches”, como ocurrió en un proyecto de 33.3 millones de pesos entregados a la “Asociación Casa Maternidad y Cuna”, en Celaya, que tuvo que pagar un 2 por ciento como costos de “supervisión externa”.
Como resultado de dichas investigaciones, los responsables por la imposición de cobros irregulares han sido señalados: Ana Geselmina Arévalo, gerente de la Región Oriente de Fe Guanajuato, y Jonathan Erick Salazar, gerente de Infraestructura de Fe Guanajuato.
También se detectaron sueldos millonarios y tan sólo dos asociaciones como “Fe Guanajuato” y “Actuando” destinaron más de 25 millones de pesos en los últimos dos años para 41 colaboradores.
Por ejemplo, se advierte que la directora de “Actuando” cobra un sueldo de 108 mil 454 pesos y el director de “Fe Guanajuato” tiene un sueldo de 107 mil 880 pesos.
Colaboradores de las asociaciones financiadas también cobraban por supuestas “asesorías” y “capacitaciones”. Empresarios y organizaciones se han inconformado por la suspensión de apoyos y han presentado amparos para que no se suspenda el Fidesseg y se sigan financiando proyectos.
