* La licitación del programa Mujeres con Bienestar en el Estado de México arranca con señalamientos de opacidad y ventajas indebidas……
El programa Mujeres con Bienestar en el Estado de México ha abierto la puerta a un contrato millonario que hoy vuelve a estar bajo sospecha, la licitación para la elaboración y operación de entre 400 mil y 700 mil tarjetas de apoyo social arrancó con dudas sobre su transparencia y con acusaciones de que el proceso podría estar diseñado para favorecer a la empresa que ha controlado el servicio desde 2018.
Herencia intacta del Salario Rosa
El programa Mujeres con Bienestar es la versión morenista del Salario Rosa impulsado durante el sexenio de Alfredo del Mazo, desde su origen la dispersión de recursos y la emisión de tarjetas quedaron en manos de Servicios Broxel S.A., firma vinculada a Gustavo Antonio Gutiérrez Galindo, empresario que ha mantenido el control del servicio a través de adjudicaciones directas.
Con el cambio de administración y la llegada de Delfina Gómez, se anunció la decisión de licitar públicamente el contrato como una señal de apertura y transparencia, sin embargo la licitación identificada como LPNP-005-2026 nació marcada por la polémica, al incluir en sus bases como referencia técnica la tarjeta ya fabricada por Broxel, replicando diseño y características, lo que competidores consideran un candado que limita la competencia real.
Bases que cargan los dados
El señalamiento central apunta a que funcionarios de la Oficialía Mayor, presuntamente influenciados desde la Secretaría del Bienestar estatal, incluyeron especificaciones que coinciden exactamente con el producto de Broxel, lo que en la práctica obligaría a otras empresas a reproducir un modelo ya existente, anulando la posibilidad de propuestas innovadoras y favoreciendo a quien ya opera el sistema.
La sospecha va más allá del diseño físico de los plásticos, Broxel no solo administra la dispersión de los apoyos bimestrales de 2 mil 500 pesos, también controla las cuentas individualizadas, la aplicación móvil para consulta de saldos y ofrece líneas de crédito de hasta 4 mil pesos a las beneficiarias, créditos que se cobran mediante descuentos automáticos una vez depositado el apoyo, mecanismo que ha sido cuestionado por convertir un programa social en una plataforma de servicios financieros con beneficios adicionales para el proveedor.
Transparencia en entredicho
La historia de adjudicaciones directas durante el Salario Rosa alimentó durante años versiones sobre uso de influencias y relaciones políticas para asegurar contratos millonarios, ahora que el gobierno estatal decidió abrir el proceso a concurso, la expectativa era romper con esa inercia, sin embargo al exigir una tarjeta idéntica a la ya existente, la licitación parece reproducir el mismo esquema bajo otra fachada administrativa.
El contrato no es menor, se trata de cientos de miles de tarjetas y de la administración de recursos públicos destinados a mujeres en condición vulnerable, cualquier señal de favoritismo erosiona la credibilidad institucional y debilita el discurso de combate a la corrupción que acompañó el relevo político en la entidad.
La pregunta de fondo no es solo quién fabricará los plásticos, sino si el Estado de México está dispuesto a garantizar condiciones reales de competencia, transparencia y rendición de cuentas, o si el cambio de nombre del programa terminó siendo únicamente cosmético mientras la estructura de negocios permanece intacta, en un contexto donde la política social debería estar blindada de intereses particulares y diseñada exclusivamente en favor de sus beneficiarias.
