El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) destina 75 por ciento de su presupuesto anual de más de 3 mil 254 millones de pesos en el salario base, prestaciones, compensaciones y estímulos de los trabajadores como seguro de gastos médicos, empleado del mes, ayuda para el transporte, entre otras.
De igual manera se ha podido comprobar que el TFJA destinó un millón 170 mil pesos a darles vales para gasolina a 38 magistrados -los de más altos ingresos- que durante el ejercicio 2024 se ampararon en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
Incluso, pese a sus onerosos ingresos, 38 magistrados, los mejor pagados, se ampararon en 2024 contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y de cualquier normativa que implicara la reducción de sus remuneraciones o prestaciones, por lo que, aunque pertenecen al Poder Ejecutivo que propuso la austeridad entre funcionarios públicos, pudieron acceder mes con mes a dicho vale para gasolina, de acuerdo con la fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizada a este órgano.
Este Tribunal de Justicia, que no fue renovado en la elección judicial, se compone por una Sala Superior con 11 magistrados, así como tres magistrados por cada sala regional en el país para resolver adeudos millonarios de impuestos como el caso del exgobernador César Duarte Jáquez o el de la exlideresa magisterial Elba Esther Gordillo Morales, entre otros asuntos fiscales y administrativos.
Fuentes cercanas han reportado que los magistrados de la Sala Superior, incluyendo al magistrado presidente Guillermo Valls Esponda, siguen bajo el control de los grupos políticos de Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto, Diego Fernández de Cevallos, Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa Patrón.
Para 2024 -el año fiscalizado por la Auditoría-, el TFJA gozó de un presupuesto total por 3 mil 254 millones 885 mil 600 pesos. De esos recursos públicos, 2 mil 467 millones 194 mil pesos (75 por ciento) fue para “servicios personales” de los magistrados, secretarios, jefes de departamento, entre otras plazas, que incluye mil 580 millones de pesos para el sueldo base y compensación garantizada.
El Congreso aprobó para 2024 un salario y prestaciones a los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de 2 millones 568 mil 791 brutos anuales, 195 mil 225 pesos menos que el salario y prestaciones de la Presidencia de la República por 2 millones 764 mil 017 pesos brutos anuales.
A pesar de cumplir con ingresar menos que el Jefe del Ejecutivo, los magistrados se ampararon contra cualquier reducción de sus remuneraciones o prestaciones.
Entre estas prestaciones incluidas en servicios personales se concentra el seguro social de los trabajadores, el cual abarca tanto en el sistema de salud pública en el ISSSTE como en el privado.
El TFJA pagó 253 millones 273 mil pesos, entre ellos 88 millones 226 mil pesos en cuotas para el “Seguro de gastos médicos del personal civil” y otros 34 millones 60 mil pesos en cuotas para el “seguro de vida del personal civil”.
Además, en suma, destinó otros 156 millones 675 mil pesos para los rubros asignaciones adicionales al sueldo, “Estímulo y reconocimiento”, “Estímulo por puntualidad y asistencia”, “Empleado del mes”, “Día del empleado del TFJA”, “Despensa”, “Previsión Social Múltiple”, “Compensación por Desarrollo y Capacitación” y “Ayuda de Transporte”, entre otras prestaciones fiscalizadas por la Auditoría.
De igual manera, se destinaron 13 millones 861 mil pesos para el pago de honorarios para 62 plazas de prestadores de servicios adscritos a las áreas administrativas y jurisdiccionales; y 242 millones 252 mil pesos con cargo a aguinaldo o gratificación de fin de año. También se gastó 6 millones 728 mil pesos para pagos extraordinarios a los Secretarios de Acuerdos que suplieron a los Magistrados de Sala Regional que faltaron.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo en julio pasado que en ese Tribunal “usan prácticas similares a las que ha usado la [Suprema] Corte, en donde para no resolver, regresan casos o guardan los casos en el cajón durante mucho tiempo”, y expuso que, aunque se trabaja en una reforma administrativa, ya se han enviado leyes para reformar los tiempos de resolución de este tipo de tribunales.
