Por Mireya Álvarez
El anuncio del alcalde de Toluca, Ricardo Moreno, sobre la instalación de parquímetros en zonas específicas de la capital mexiquense volvió a encender el debate público, debido a que los polígonos contemplados incluyen el Centro Histórico, el área del Mercado Juárez y distintos puntos cercanos a hospitales, una decisión que impacta directamente en la dinámica urbana, la movilidad y la vida cotidiana de miles de personas.
Ante ello, diversos sectores ciudadanos han manifestado su postura frente a esta medida, recordando que su oposición histórica no ha sido al orden vial en sí, sino a los abusos que en el pasado se cometieron bajo ese argumento y lejos de rechazar acciones que mejoren la movilidad y la imagen urbana, subrayan la necesidad de que cualquier política pública de este tipo se sustente en estudios técnicos, sociales y financieros sólidos, que den certeza a la población sobre su viabilidad y beneficios.
La memoria colectiva aún guarda las consecuencias del fallido programa de parquímetros virtuales, cuya implementación careció de planeación y transparencia, y aquella experiencia provocó fricciones entre autoridades y ciudadanía, derivó en prácticas de hostigamiento y dejó la percepción de que el espacio público fue concesionado a intereses privados mediante contratos poco claros, sin rendición de cuentas sobre el uso de los recursos obtenidos.
Ese episodio detonó una respuesta social sin precedentes, donde vecinos de al menos 12 colonias, junto con cámaras empresariales, patronatos y representantes populares, se articularon bajo la figura de “Vecinos Organizados de Toluca”, y a partir de entonces, se fortaleció la participación ciudadana mediante comités vecinales que han tenido un papel activo en la atención de problemas comunitarios, desde la gestión de servicios básicos como el agua potable hasta la canalización de reportes de seguridad y el seguimiento de fallas en servicios municipales, todo ello sin filiación partidista.
La consolidación de estas formas de organización dejó como resultado una estructura delegacional integrada por ciudadanos, actualmente en funciones, y evidenció una evolución en el ejercicio cívico de la sociedad toluqueña, donde para estos colectivos, la reactivación del esquema de parquímetros solo puede avanzar mediante acuerdos amplios, abiertos y verificables, que incluyan mecanismos formales de supervisión social.
En ese sentido, plantean la creación de una contraloría ciudadana que supervise los contratos, evalúe la operación del sistema y dé seguimiento puntual al destino de los ingresos recaudados. Esta figura permitiría cerrar el paso a prácticas discrecionales y fortalecer la confianza entre gobierno y gobernados.
El propio presidente municipal ha señalado que los recursos generados por los parquímetros se destinarían a obras de infraestructura urbana, como la rehabilitación de banquetas y la construcción de senderos seguros. No obstante, la ciudadanía insiste en que estas promesas deben traducirse en hechos comprobables, respaldados por una vigilancia constante.
La discusión en torno a los parquímetros en Toluca deja una lección clara, la participación social ya no es opcional. La experiencia reciente demuestra que una ciudadanía organizada y activa es clave para impulsar políticas públicas más transparentes, eficaces y alineadas con las verdaderas necesidades de la ciudad.
