Una vez que se dio a conocer el listado de aspirantes a ocupar las vacantes de jueces y ministros, se pudo detectar que más de 50 juzgadores, cuyas plazas serán sometidas a la elección judicial de 2025, tuvieron a su cargo casos mediáticos, entre ellos el que ordenó frenar las obras del tramo 5 sur del Tren Maya.
Más de 50 jueces federales que emitieron resoluciones incómodas para el gobierno del expresidente y que incluso algunos de ellos fueron exhibidos en las conferencias matutinas del exmandatario, serán sometidas al proceso de elección extraordinaria del año 2025.
En la lista de los 386 juzgadores que salieron en la tómbola del Senado de la República del pasado 12 de octubre y cuyas plazas serán sometidas a la elección judicial de 2025, se pudo constatar que, por lo menos, 54 de esos jueces han conocido de asuntos mediáticos y en la mayoría de ellos sus resoluciones fueron duramente criticadas por el expresidente López Obrador.
De los nombres de los juzgadores en la ciudad destaca el de Adrián Fernando Novelo Pérez, juez Primero de Distrito en Yucatán, quien en marzo de este año ordenó al gobierno federal acatar la suspensión para frenar las obras del tramo 5 sur del Tren Maya.
También es el caso de Sandra Leticia Robledo Magaña, jueza Primero de Distrito en materia Penal en la CdMx. Fue quien denunció a Carlos Alpízar, exsecretario técnico del Consejo de la Judicatura Federal, y al expresidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, actual coordinador de Política y Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de presionarla para emitir fallos para favorecer intereses de la administración de López Obrador.
En otros temas que eran de interés para el gobierno de la llamada Cuarta Transformación es el que llevó Gerardo Genaro Alarcón López, juez de control en el Centro de Justicia Penal Federal (CJPF) del Reclusorio Norte, quien encabezó las audiencias de los casos contra el exdirectror de Pemex, Emilio Lozoya Austin.
Se sorteó de igual forma la plaza de Juan José Hernández Leyva, juez de control en el CJPF del Reclusorio Sur, que conoce del proceso contra el extitular de la extinta PGR, Jesús Murillo Karam, acusado de desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa.
En abril de este año, el juez le concedió la prisión domiciliaria, lo que permitió al exfuncionario salir de la cárcel después de dos años de haber sido detenido.
También se eliminó a Arturo Medel Casquera, adscrito al CJPF del Reclusorio Oriente, quien en su carácter de juez de enjuiciamiento en junio de este año pospuso hasta nuevo aviso el juicio por acopio de armas contra personas que supuestamente atentaron contra el exsecretario de Seguridad Ciudadana de la CdMx, Omar García Harfuch, debido a que la FGR no pudo presentar todos los medios de prueba que ofreció para las diligencias.
También se enlista a Alejandra Domínguez Santos, del CJPF en el Reclusorio Oriente, fue exhibida en una de las conferencias matutinas del expresidente López Obrador, porque el 15 de julio de este año absolvió al general José Antonio Ramos Arévalo, exdirector general de Servicios Aéreos de la PGR de Murillo Karam, acusado de compra injustificada de drones militares por 614 millones de pesos.
Augusto Octavio Mejía Ojeda, juez Tercero de Distrito en materia Penal, que en el año 2021 ordenó al fiscal Alejandro Gertz Manero abstenerse de hablar públicamente sobre la culpabilidad o responsabilidad de Rosario Robles en el caso de la Estafa Maestra.
Blanca Alicia Ochoa Hernández, del juzgado Décimo Tercero en materia Administrativa, que en diciembre del año pasado concedió una suspensión definitiva al dirigente del Sindicato de Trabajadores del PJF, Jesús Gilberto González Pimentel, contra la eliminación 13 de los 14 fideicomisos de dicho poder que acumulan más de 15 mil millones de pesos. Según la información del CJF, tiene programada su jubilación para el 1º de enero de 2025.
Andrea Génesis Alarcón Cortés, jueza Primero de Distrito en materia Administrativa en Nuevo León, que fue una de las que concedió suspensión contra la reforma judicial y ordenó que el Senado no emita la convocatoria para la elección de juzgadores.
El juez de control del CJPF, Gustavo Stivalet Sedas, fue exhibido por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, de Morena, porque en enero de este año no vinculó a proceso a Miguel Ángel Yunes Linares, padre del senador cuyo voto sirvió para aprobar la reforma judicial, por irregularidades detectadas en el Sistema de Videovigilancia estatal en el caso en que la FGR calcula un daño patrimonial de 349 mdp.
