Por Mireya Álvarez
En pleno siglo XXI, el Estado de México se coloca como la entidad con más niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil en todo el país, con un total de 373 mil 833 menores de entre 5 y 17 años empleados en actividades laborales, muchas de ellas no permitidas por la ley.
Este dato no sólo refleja una cifra alarmante; es el espejo más crudo del fracaso institucional en la protección de la infancia.
La magnitud de esta problemática es tal que el número de menores trabajando en Edoméx equivale a la población conjunta de Zinacantepec, San Mateo Atenco y Ocoyoacac y no es una estadística abstracta: son niñas y niños con rostro, con nombre, arrancados de la escuela, obligados a ganarse la vida en condiciones muchas veces inhumanas.
Una normalización criminal
De los más de 373 mil menores en situación de trabajo infantil, 216 mil 500 lo hacen en ocupaciones no permitidas, lo que representa el 5.1% de toda la población infantil mexiquense, estamos hablando de infancias que laboran en sectores como la construcción, las minas, el campo, e incluso bares y cantinas, trabajos donde el peligro es constante y la explotación, sistemática.
La tasa de ocupación en condiciones peligrosas en el Estado de México alcanza el 4.7%, es decir, 199 mil 519 menores están expuestos a riesgos físicos, emocionales y sociales, son cifras que no deberían existir en ningún estado de derecho funcional, pero que en el Edoméx parecen haberse normalizado con el silencio de las autoridades y la indiferencia de una estructura burocrática complaciente.
La trampa de las tasas “bajas”
Según la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2022 del INEGI, Edoméx registra una tasa de trabajo infantil de 8.8%, menor al promedio nacional (13.1%), lo que paradójicamente lo posiciona entre las 10 entidades con menor tasa. Pero ese dato es tramposo y cínico, porque en términos absolutos ningún estado tiene más niñas y niños trabajando, es el caso clásico de usar la estadística para encubrir una tragedia.
Peor aún, mientras los gobiernos presumen “avances” por tener tasas inferiores a estados como Guerrero (24.5%) o Chiapas (20%), en realidad están ignorando que el monstruo está creciendo bajo su nariz. La numeralia del INEGI muestra que, a nivel nacional, el trabajo infantil ha ido en aumento: 12.3% en 2015, 11% en 2017, 11.4% en 2019 y 13.1% en 2022, por lo que la tendencia es clara y preocupante.
La doble explotación: fuera y dentro del hogar
A esto se suma otro dato ignorado en el debate público: 16.7 millones de menores realizan quehaceres domésticos en condiciones “adecuadas”, pero esta categoría es ambigua y muchas veces oculta situaciones de sobrecarga, negligencia o sustitución del rol adulto.
Cuando una niña de 10 años cocina, cuida a sus hermanos y limpia la casa porque sus padres trabajan todo el día, no está ejerciendo autonomía: está siendo explotada. No hay programas públicos suficientes ni vigilancia institucional que frene esta forma de violencia silenciosa.
¿Y el Estado?
Las autoridades del Estado de México -gobierno, DIF, procuradurías de protección, fiscalías- han sido omisas, ineficientes o cómplices, no hay estrategias de prevención reales, ni mucho menos políticas públicas contundentes que garanticen el acceso universal a la educación, el fortalecimiento de las familias y la erradicación del trabajo infantil.
Mientras los gobiernos estatales se enredan en discursos populistas, millones de niñas y niños siguen atrapados en ciclos de pobreza, deserción escolar y vulnerabilidad.
El Estado de México, tan orgulloso de sus megaproyectos y de su cercanía con el poder federal, es también la fábrica más grande de infancia rota en el país.
La tolerancia institucional ante este fenómeno es una forma de violencia estructural, y la falta de acción es una negligencia criminal.
Porque cuando un niño trabaja en vez de jugar, estudiar y crecer en libertad, el Estado ha fallado de la forma más grave posible.
¿Hasta cuándo se va a permitir que el trabajo infantil siga siendo parte del paisaje cotidiano de los municipios mexiquenses? ¿Dónde está la voluntad política para atender esta emergencia? ¿Cuántos niños más deben trabajar hasta que alguien diga basta?
El Estado de México no necesita más estadísticas decoradas. Necesita justicia, acciones y políticas que devuelvan a la infancia lo que se les ha robado: su presente y su futuro.
