* En pleno regreso a clases, concesionarios deciden castigar a usuarios con bloqueos y suspensión del servicio para presionar por un aumento de cuatro pesos en la tarifa del pasaje……
Por Mary González
El próximo lunes 1 de septiembre, mientras miles de estudiantes regresan a clases y las familias mexiquenses enfrentan el gasto escolar más fuerte del año, el Valle de Toluca se quedará sin transporte público porque los transportistas decidieron aplicar su receta favorita, el chantaje, al anunciar un paro total de unidades y bloqueos en los principales accesos y salidas de la capital mexiquense, todo con la finalidad de presionar al Gobierno del Estado de México para obtener un aumento inmediato en la tarifa del pasaje, pasando de 12 a 16 pesos.
La medida, tomada el pasado 27 de agosto tras la cancelación de una reunión con autoridades de la Secretaría de Movilidad, evidencia la forma en que el gremio transportista opera desde hace décadas, imponiendo su voluntad a base de amenazas y generando un caos que no castiga a las autoridades, sino a la ciudadanía que depende del servicio para acudir a la escuela, al trabajo o a actividades básicas de la vida cotidiana, los concesionarios no pierden, quienes pierden son los usuarios que deben soportar la prepotencia de líderes enquistados que se enriquecen a costa del servicio más deficiente del país.
Un servicio caro, inseguro y deteriorado
Los transportistas quieren más dinero pero no ofrecen nada a cambio, las unidades siguen siendo viejas, antihigiénicas y peligrosas, los choferes circulan sin capacitación, sin controles de velocidad, sin protocolos de seguridad y sin medidas para prevenir el acoso sexual o los asaltos que ocurren prácticamente todos los días en el transporte público mexiquense, la tarifa mínima de 12 pesos ya es una de las más altas del país, mientras que en Guadalajara el pasaje cuesta 9.50 pesos y en la Ciudad de México apenas 7 pesos, sin embargo en el Estado de México se paga más por viajar en camiones destartalados que ponen en riesgo la vida de los pasajeros.
No sólo eso, varios operadores han cobrado hasta 14 pesos sin autorización alguna, lo que en la práctica significa que la ilegalidad ya está instalada, aun cuando la ley es clara al señalar que cualquier ajuste debe justificarse en función de la calidad del servicio y las necesidades de los usuarios, el problema es que en el Edomex nunca ha existido voluntad política para poner orden en el sector, los gobiernos anteriores se sometieron a los caprichos de los transportistas y ahora, en pleno inicio del ciclo escolar, la historia se repite con una ciudadanía atrapada entre la corrupción y la impunidad.
Chantaje disfrazado de negociación
El argumento de los concesionarios es que los costos de operación se han disparado por el alza de combustibles, refacciones y sueldos, sin embargo olvidan que reciben subsidios disfrazados y que en cada sexenio han presionado con la misma estrategia, paro y bloqueo, para asegurar el aumento que les garantice utilidades jugosas sin mejorar en lo más mínimo el servicio, se presentan como víctimas pero en realidad son verdugos que mantienen de rehén a la población y que nunca han invertido de forma seria en modernización, higiene o seguridad.
La diputada Ruth Salinas Reyes de Movimiento Ciudadano advirtió recientemente que los llamados “tarifazos” sólo golpean a los usuarios y no resuelven el problema estructural de movilidad, por ello propuso crear una Comisión Especial para revisar y dar seguimiento a cualquier aumento tarifario, sin embargo los líderes transportistas no quieren revisar nada ni someterse a supervisión, quieren que se les otorgue más dinero de inmediato y sin condiciones, como si se tratara de un derecho adquirido por el simple hecho de tener en sus manos una concesión.
Hugo Salazar, gerente de la Línea Teo, reconoció que la demanda inicial es de dos pesos, pero que la cifra podría llegar hasta cuatro pesos adicionales, lo cual implicaría un aumento de más del 30 por ciento en un servicio que ni por asomo justifica tal incremento, un servicio plagado de irregularidades que no respeta horarios, que expone a los usuarios a la delincuencia y que contamina a diario sin control alguno.
La ciudadanía no sólo enfrenta un golpe al bolsillo, enfrenta la amenaza de quedarse varada en el regreso a clases por culpa de un gremio que nunca se ha distinguido por su vocación de servicio, sino por su habilidad para presionar y sacar ventaja en cada negociación.
El subsecretario de Movilidad, Ricardo Delgado Reynoso, adelantó hace semanas que la gobernadora Delfina Gómez Álvarez anunciaría un ajuste en la tarifa, sin embargo los transportistas decidieron adelantarse con su chantaje al no tener avances concretos en las mesas de trabajo, el resultado es que la población será nuevamente la que pague las consecuencias de una relación histórica entre poder político y poder transportista, donde siempre gana la corrupción y siempre pierde la ciudadanía.
En conclusión, el paro anunciado para el 1 de septiembre confirma lo que ya se sabía, que el transporte público en el Estado de México funciona como un negocio privado disfrazado de servicio público, un negocio controlado por caciques que no se conforman con cobrar uno de los pasajes más caros del país, sino que además quieren hacerlo bajo amenaza, sin que exista una autoridad capaz de ponerlos en su lugar.
