La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha ratificado, por decisión unánime, la negativa de amparo a un grupo de bancos y operadores financieros que participaron en prácticas anticompetitivas dentro del mercado secundario de intermediación de valores de deuda emitidos por el gobierno mexicano.
El fallo, basado en la propuesta del ministro Alberto Pérez Dayán, sostiene que no existió ninguna intervención ilegal en las comunicaciones privadas de los implicados, ya que otros bancos facilitaron voluntariamente la información que permitió desarrollar la investigación. Con esta resolución, se mantiene firme la sentencia dictada en primera instancia y se confirma la validez de las sanciones impuestas a los responsables.
La investigación estuvo a cargo del Segundo Juzgado de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción en todo el país. De acuerdo con la resolución, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) actuó conforme a la ley al emplear conversaciones entre operadores financieros como prueba para demostrar la existencia de prácticas monopólicas. Estas comunicaciones fueron entregadas por un agente económico que decidió acogerse a los beneficios de reducción de sanciones, aportando evidencia clave para el caso.
En la sentencia, el juez Juan Pablo Gómez Fierro explicó que al inicio de la investigación sólo se contaba con indicios sobre la existencia de prácticas anticompetitivas. Sin embargo, conforme avanzó el proceso, se recopilaron pruebas suficientes para confirmar que los bancos y operadores financieros realizaron acuerdos ilegales que alteraron el funcionamiento del mercado secundario de deuda pública.
El expediente IO-006-2016, elaborado por la Cofece, reveló que los bancos y operadores involucrados establecieron al menos 142 acuerdos contrarios a la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE). A través de estos pactos, manipularon los precios de los valores gubernamentales y acordaron no comercializar ni adquirir ciertos instrumentos en transacciones específicas, lo que tuvo un impacto directo en el mercado.
El 25 de enero de 2021, tras concluir la investigación, la Cofece impuso sanciones por un monto total de 35 millones 75 mil pesos a los responsables. Según la Comisión, las operaciones ilegales se llevaron a cabo mediante el intercambio de mensajes en plataformas de comunicación utilizadas internamente por los bancos como herramientas de trabajo.
Estas prácticas afectaron la dinámica del mercado financiero y, en consecuencia, impactaron las tasas de interés y el costo de financiamiento de la deuda pública. Al manipular el mercado secundario, los bancos obtuvieron beneficios indebidos a costa del correcto funcionamiento del sistema financiero y del acceso a financiamiento en condiciones justas para el gobierno y los inversionistas.
La ratificación del fallo por parte de la SCJN representa un hito en la lucha contra las prácticas monopólicas en el sector financiero en México. La resolución deja en claro que los organismos reguladores tienen la facultad de investigar y sancionar este tipo de conductas, incluso cuando se requiere el uso de información obtenida a partir de fuentes internas de los propios bancos.
Asimismo, el caso subraya la importancia de los mecanismos de delación compensada, en los cuales una entidad implicada en un esquema ilegal decide cooperar con las autoridades a cambio de una reducción en las sanciones. Esta herramienta ha sido clave en la detección de prácticas anticompetitivas en diversas industrias y, en este caso, permitió a la Cofece contar con pruebas suficientes para acreditar las irregularidades cometidas.
Diversos expertos en Derecho Financiero y Competencia Económica han señalado que este fallo podría sentar un precedente importante para futuras investigaciones dentro del sector bancario. La transparencia en la intermediación de valores gubernamentales es fundamental para garantizar un mercado eficiente y equitativo, y este caso demuestra que la manipulación no quedará impune.
Por otro lado, analistas del sector han advertido que, aunque las sanciones impuestas representan un paso en la dirección correcta, el monto de las multas puede ser insuficiente para disuadir futuras prácticas similares. En comparación con los beneficios que los bancos pudieron haber obtenido a través de estas operaciones, la cantidad impuesta como castigo podría no ser un desincentivo lo suficientemente fuerte.
