La Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria de Perú anuló la acusación penal contra el expresidente Alberto Fujimori por las esterilizaciones forzadas ocurridas en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar durante su mandato (1996-2000).
De esta forma, la resolución emitida el pasado 22 de julio, ratificó que el caso regrese a su etapa inicial de presentación de la denuncia por parte de la Fiscalía, disponiendo el replanteamiento del caso bajo las reglas del Nuevo Código Procesal Penal de 2004, dejando sin efecto todas las diligencias y actos procesales que se llevaron a cabo entre los años 2021 y 2023, incluida la apertura de instrucción contra Fujimori en perjuicio de 1.315 víctimas.
Asimismo, la decisión desestima la apelación que interpuso el Ministerio Público contra la resolución de la Corte Suprema, que declaró fundado un recurso de amparo interpuesto por el congresista y exministro de salud Alejandro Aguinaga, acusado de presunta autoría de delitos de lesiones graves seguidas de muerte en un contexto de graves violaciones de los derechos humanos.
En una nueva apelación por parte del Ministerio Público, se cuestionó las afectaciones al debido proceso, al retraer el caso hasta el 11 de marzo de 2019, desconociendo todos los actos procesales. Sin embargo, el Tribunal aseguró que la resolución “estuvo debidamente motivada” y que la investigación ya había sido anulada el pasado noviembre, tras el recurso de Aguinaga.
El procesamiento de Fujimori se encontraba paralizado a la espera de que Chile disponga la ampliación de las solicitudes de extradición contra el exmandatario en este caso. El pasado junio, la Corte Suprema chilena se pronunció a favor y autorizó a las autoridades peruana juzgarlo por otros cuatro casos de presuntos secuestros agravados y homicidios calificados.
