Por Mireya Álvarez
En un llamado que resuena en los pasillos de la justicia mexiquense, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Fernando Díaz Juárez, ha instado a una reforma profunda a la Ley de Amnistía. El titular del poder judicial local ha manifestado que la normativa actual, a pesar de sus nobles intenciones, está plagada de “candados legales” que obstaculizan su aplicación efectiva, dejando a muchos posibles beneficiarios fuera de su alcance.
Durante una entrevista, Díaz Juárez confirmó que existe ya un consenso en el ámbito legislativo sobre la urgencia de modificar esta ley. A su vez, expresó la completa disposición del Tribunal a participar en mesas de análisis para aportar su experiencia operativa y así mejorar el marco legal. “Estaremos con mucho gusto si nos invitan, siempre con el ánimo de coadyuvar y de colaborar”, enfatizó el magistrado.
El magistrado presidente destacó que, a pesar de los obstáculos, el 50 por ciento de las solicitudes de amnistía han sido resueltas favorablemente. No obstante, señaló que la ley actual impone restricciones que necesitan ser debatidas en el Congreso. Un ejemplo crucial es la exclusividad otorgada a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CODHEM) para presentar casos relacionados con delitos de alto impacto, una limitación que, a su juicio, debe ser eliminada para que otros órganos también puedan proponer solicitudes.
Asimismo, recordó que la Comisión Especial de Amnistía Legislativa ya no está en operación, lo que ha creado un vacío en el proceso. A pesar de esto, el Poder Judicial ha continuado resolviendo los casos que se presentan, destacando un reciente ejemplo de la Sala de Asuntos Indígenas, que concedió la amnistía a una persona de un grupo vulnerable que había sido víctima de violaciones graves a sus derechos humanos.
Para el presidente del Tribunal, la amnistía es mucho más que un simple procedimiento legal; la considera una “segunda oportunidad” para aquellos que enfrentaron procesos judiciales defectuosos o con graves violaciones a sus derechos fundamentales. “Se trata de permitirles retomar su vida en libertad”, concluyó.
