Por Mireya Álvarez
Aunque el Gobierno Federal ha puesto en marcha una Estrategia Nacional contra la Extorsión, calificada por el sector empresarial como un paso indispensable, su verdadero impacto dependerá de una profunda transformación legal. Así lo advierte la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que, si bien celebra el reciente anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre una inminente iniciativa de ley, subraya la urgencia de ir más allá.
“La extorsión se ha consolidado como una lacra que no solo golpea la productividad económica, sino que también socava la tranquilidad de millones de mexicanos. Los datos son alarmantes: cada día, 32.3 personas son víctimas de extorsión en el país, lo que en 2024 se tradujo en pérdidas que superaron los 26 mil millones de pesos. Una realidad que, para la Coparmex, no puede seguir siendo parte de la normalidad”, manifestó mediante un escrito.
Desde septiembre de 2023, la Confederación ha sido una voz activa en la búsqueda de soluciones, impulsando una reforma al artículo 73 constitucional. ¿El objetivo? Facultar al Congreso de la Unión para legislar de manera integral sobre este delito.
“Es urgente expedir una Ley General de Extorsión que permita articular acciones federales y locales, establecer penas claras y eliminar las llamadas ‘puertas giratorias'”, enfatizó el organismo empresarial. La expectativa es que los ocho estados iniciales donde se implementará la estrategia marquen la pauta para una cobertura a nivel nacional.
La eficacia de esta estrategia nacional dependerá, en gran medida, de la operatividad de las Unidades Antiextorsión locales. Coparmex insiste en que estas deben contar con personal altamente capacitado, un marco legal aplicable y una capacidad de respuesta inmediata para ser verdaderamente funcionales.
Asimismo, la Confederación coincide en la vital importancia de la inteligencia y el análisis criminal para desarticular las complejas redes de extorsionadores, muchas de las cuales operan impunemente o incluso en connivencia con ciertas autoridades. Es crucial, además, actuar con firmeza contra las llamadas de extorsión originadas en centros penitenciarios, una problemática recurrente.
Para las entidades donde la extorsión telefónica es preponderante, propone procedimientos ágiles de denuncia, asesoría y protección a las víctimas. En contraste, en zonas rurales o regiones afectadas por el “cobro de piso”, se requiere una intervención directa de las fuerzas de seguridad para proteger a las comunidades y brindar el acompañamiento necesario.
“Estamos convencidos de que solo mediante la coordinación institucional, la legislación adecuada, la atención integral a las víctimas y una estrategia de prevención con visión social, lograremos construir un México donde la seguridad no sea excepción, sino regla”, concluyó reafirmando su compromiso con un país libre de extorsión.
