* Cuando el Estado condiciona la salud, los derechos dejan de ser universales y se convierten en concesiones del poder……
* Hoy, vacunarse, es un trámite sujeto a verificación política……
Por Karina Rocha
La salud al servicio del proyecto político
En el Estado de México, la vacunación dejó de ser una política pública para convertirse en una operación política cuidadosamente diseñada, la exigencia de CURP e identificación oficial para acceder a vacunas esenciales no es un error administrativo ni una falla de logística, es una decisión política consciente que responde a una lógica de control, registro y operación territorial al servicio del partido en el poder, Morena.
Bajo el discurso de la prevención sanitaria, el gobierno estatal ha instaurado un sistema donde el derecho a la salud se condiciona, se registra y se capitaliza políticamente, quien no entrega datos no accede, quien se somete queda inscrito en listas que poco tienen que ver con la cobertura epidemiológica y mucho con la construcción de padrones útiles en tiempos electorales.
IMSS Bienestar como brazo operativo de Morena
El programa IMSS Bienestar Estado de México ha sido convertido en un brazo operativo del proyecto político de Morena, su presencia en módulos de vacunación no se limita a la aplicación de biológicos, se extiende a la recopilación sistemática de información personal, CURP, credencial del INE, domicilio y datos de contacto, información que rebasa cualquier necesidad médica razonable.
Lejos de garantizar el acceso universal a la salud, el programa opera como filtro y mecanismo de identificación ciudadana, replicando prácticas históricamente asociadas al clientelismo, donde el Estado no garantiza derechos sino administra beneficios a cambio de información y subordinación política.
La estructura territorial detrás de la vacunación
La exigencia de documentos no es un hecho aislado, forma parte de una estructura territorial claramente identificable, los llamados Coordinadores Territoriales conocidos como Cots, operadores políticos vinculados a Morena, utilizan estos registros para desplegar visitas domiciliarias, ofrecer programas sociales y reforzar la presencia del partido en colonias y comunidades.
Vacunarse se convierte así, en el primer contacto con una cadena de intervención política, primero la vacuna, luego la visita, después la oferta de apoyos, siempre bajo la lógica de que el acceso a derechos está mediado por la cercanía con el partido gobernante, una práctica que distorsiona por completo el sentido de la política social.
Programas sociales como recompensa política
Con los datos recabados en módulos de vacunación, se alimentan padrones de programas como Mujeres con Bienestar o el llamado Servicio Universal de Salud, programas presentados como políticas públicas pero operados con criterios políticos, donde la afiliación, la simpatía o la disponibilidad para colaborar se vuelven factores determinantes.
La línea entre política social y propaganda partidista se diluye deliberadamente, el gobierno estatal no sólo tolera esta práctica, la normaliza y la promueve, utilizando la necesidad sanitaria como anzuelo para ampliar su base de control político en el territorio mexiquense.
La evidencia pública que el gobierno no puede ocultar
La propia Secretaría de Salud del Estado de México ha documentado esta estrategia en sus redes sociales oficiales, fotografías y publicaciones muestran, sin pudor, la solicitud de identificaciones oficiales durante las jornadas de vacunación, banners de la Semana Estatal de Vacunación incluyen como requisito la presentación de documentos, institucionalizando una práctica que viola el principio de acceso libre y gratuito a la salud.
No se trata de excesos del personal operativo ni de errores de comunicación, es una política avalada desde la cúpula gubernamental, exhibida públicamente y defendida con el silencio cómplice de las autoridades responsables.
Macarena Montoya y la responsabilidad política directa
Bajo la gestión de la secretaria de Salud, Macarena Montoya, la política sanitaria del Estado de México se subordinó abiertamente a los intereses del proyecto político de Morena, su administración, no sólo permitió la condicionante documental, la convirtió en regla,normalizando la idea de que vacunarse es un trámite sujeto a verificación política.
Esta visión reduce la salud pública a una herramienta de administración electoral, donde los derechos se intercambian por datos y la prevención se transforma en mecanismo de control, una regresión grave que recuerda prácticas autoritarias que se creían superadas.
Un retroceso democrático con consecuencias profundas
El uso político de la vacunación no sólo vulnera derechos fundamentales, erosiona la confianza ciudadana y debilita el tejido democrático, cuando el Estado condiciona la salud envía un mensaje peligroso, los derechos no son universales, son concesiones del poder.
Hoy la exigencia es una credencial para una vacuna, mañana puede ser cualquier otro servicio esencial, la lógica ya está instalada y aceptada por las autoridades, mientras tanto el silencio institucional confirma que no hay voluntad de corregir, sólo de administrar el beneficio político.
La salud no es propaganda, no es padrón, no es herramienta electoral, convertirla en moneda de cambio es abuso de poder, y en el Estado de México ese abuso tiene nombre, estructura y partido político, Morena.
