* Nuevo golpe al bolsillo……
Mientras miles de familias mexiquenses luchan día con día por sobrevivir con salarios que apenas alcanzan para lo básico, las autoridades del Estado de México preparan -una vez más- un golpe directo al bolsillo de los ciudadanos: el inminente aumento en el costo del transporte público. Una medida que, aunque disfrazada de necesidad técnica y equilibrio financiero, no hace más que evidenciar el abandono histórico del gobierno hacia los usuarios y la complicidad permanente con los concesionarios.
Ricardo Delgado Reynoso, subsecretario de Movilidad del Edomex, confirmó lo que durante semanas se venía rumorando: el incremento en la tarifa del pasaje será una realidad.
¿La justificación? Un viejo argumento que año con año se recicla: el alza en insumos, mantenimiento, combustibles, refacciones y la “urgente” renovación del parque vehicular.
Lo que no se menciona es que, a pesar de todos estos discursos, las condiciones del transporte público siguen siendo lamentables.
Hablan de renovación de unidades, pero miles de usuarios siguen subiendo cada día a combis destartaladas, con asientos rotos, ventanas sin cristales y un mantenimiento que deja mucho que desear.
¿Dónde están esas supuestas inversiones? ¿Dónde está la supervisión y rendición de cuentas para los concesionarios que han lucrado durante décadas con un servicio de baja calidad, pero tarifas que no dejan de subir?.
Peor aún, no se ha transparentado el monto exacto del aumento. Los transportistas han propuesto hasta cuatro pesos más, lo que colocaría la tarifa mínima en 16 pesos y la máxima en 29. Para un trabajador que hace dos o más traslados al día, esto representa un gasto mensual adicional que simplemente no puede absorber, en un estado donde gran parte de la población vive con ingresos que no superan los dos salarios mínimos, este aumento es una sentencia más a la precariedad.
Lo más insultante es el doble discurso, ya que las autoridades aseguran que “se busca un equilibrio para no afectar a las familias”, mientras reconocen sin pudor que lo esencial es que “el transporte público siga siendo rentable para los concesionarios”.
¿En qué momento el transporte dejó de ser un derecho y se convirtió exclusivamente en un negocio?.
Además, la supuesta participación del IPN y la UNAM en los estudios tarifarios, lejos de ser una garantía de objetividad, parece una estrategia para legitimar una decisión ya tomada.
No es la primera vez que se escudan en estudios técnicos para justificar medidas impopulares, ignorando por completo la voz de los usuarios, que son quienes cargan con las consecuencias todos los días.
Es inaceptable que se hable de regularidad y combate a la informalidad cuando el transporte público en Edomex es, en muchos casos, tierra de nadie: choferes sin capacitación, unidades sin registro, rutas improvisadas, extorsiones y cobros ilegales.
¿Por qué no se invierte primero en limpiar y ordenar el sector antes de premiar con más dinero a quienes operan al margen de la ley?.
La gobernadora Delfina Gómez, quien llegó al poder con una narrativa de cercanía al pueblo y sensibilidad social, enfrenta aquí una de sus primeras grandes pruebas: ¿permitirá que los intereses empresariales se impongan sobre las necesidades de millones de mexiquenses? ¿O tomará medidas reales para mejorar el servicio y proteger a los usuarios?.
El aumento al transporte público no es solo un ajuste económico: es un acto político que refleja prioridades. Y si las prioridades del gobierno estatal están del lado de los concesionarios en vez del pueblo, entonces no solo se encarecen los pasajes… también se devalúa la palabra de quienes prometieron gobernar para los más necesitados.
La ciudadanía merece un transporte público eficiente, seguro, moderno y accesible. No más discursos vacíos. No más aumentos disfrazados de “equilibrio”.
Lo que urge es un plan integral de movilidad digno, transparente y verdaderamente enfocado en el bienestar de la población, no en las ganancias de unos cuantos, porque si moverse por el Estado de México se vuelve un lujo, la desigualdad dejará de ser un problema social y se convertirá en una condena diaria.
