* Diputados plantean su cierre administrativo ante la llegada del IMSS-Bienestar, mientras crece la preocupación por el futuro de hospitales y usuarios en el Estado de México……
La reconfiguración del sistema de salud en el Estado de México abrió un nuevo frente de debate político y social, luego de que diputados locales propusieran la extinción del Instituto de Salud del Estado de México, ISEM, bajo el argumento de que la operación del IMSS-Bienestar vuelve obsoleta su estructura administrativa, la iniciativa, impulsada principalmente por legisladores de Morena, PRI y Movimiento Ciudadano, plantea reformas profundas que modificarían la Ley Orgánica de la Administración Pública estatal y el Código Administrativo, en un proceso que, lejos de brindar certezas, ha despertado inquietud entre trabajadores del sector y cientos de miles de usuarios.
Reordenamiento o debilitamiento institucional
El diputado de Morena, Octavio Martínez Vargas, promovente de la propuesta, argumentó en tribuna que mantener al ISEM como organismo público descentralizado implicaría sostener un aparato burocrático paralelo sin función operativa plena, dado que el IMSS-Bienestar ya se encarga de la operación ordinaria de hospitales generales, centros de salud y servicios de primer y segundo nivel, bajo esta lógica, dijo, la Secretaría de Salud estatal podría absorber funciones estratégicas como la administración de hospitales de alta especialidad, laboratorios estatales y capacidades técnico científicas.
El planteamiento forma parte de un paquete de cinco reformas en materia sanitaria que buscan armonizar el marco jurídico con la nueva Ley de Salud presentada por el Ejecutivo estatal, después de casi 25 años de que esta normativa fuera integrada al Código Administrativo, sin embargo, más allá del discurso de simplificación administrativa, especialistas advierten que el verdadero reto no es desaparecer estructuras sino garantizar que la transición no afecte la atención médica.
Porque mientras en el papel se habla de coordinación eficiente, en la práctica miles de pacientes enfrentan desabasto de medicamentos, falta de personal y deterioro hospitalario, por ello crece la percepción de que para el Gobierno del Estado de México es “más fácil cerrar hospitales” que mejorarlos, perjudicando a cientos de miles de usuarios que dependen exclusivamente del sistema público.
IMSS-Bienestar y la centralización de servicios
La incorporación del Estado de México al modelo IMSS-Bienestar implicó transferir la operación de diversas unidades médicas a la Federación, con el objetivo de garantizar gratuidad y cobertura universal para personas sin seguridad social, no obstante, la implementación ha sido desigual y compleja, con procesos administrativos aún en consolidación.
Martínez Vargas sostuvo que la redistribución de competencias no significa una renuncia a la responsabilidad estatal sino una redefinición inteligente, en la que el Estado coordina con la Federación la operación general de los servicios médicos y mantiene capacidad estratégica y regulatoria, según su postura, se trata de fortalecer la rectoría evitando duplicidades.
Pero voces críticas señalan que la desaparición del ISEM podría diluir responsabilidades y generar vacíos de gestión, sobre todo en áreas de alta especialidad, donde la planeación presupuestal y la supervisión técnica requieren claridad institucional, en un entorno donde la salud pública atraviesa presiones financieras, la incertidumbre administrativa podría traducirse en retrasos en inversión, mantenimiento e infraestructura.
Iniciativas complementarias en salud
En paralelo, la diputada de Morena, Carmen de la Rosa Mendoza, propuso reformas para prevenir y combatir el robo de medicamentos, planteando coordinación entre autoridades estatales, municipales y federales de seguridad y justicia, al advertir que sustraer fármacos no solo implica un delito patrimonial sino arrebatar esperanza a pacientes que dependen de tratamientos continuos.
Por su parte, el legislador morenista Esteban Juárez Hernández presentó una iniciativa para garantizar la provisión gratuita de servicios de salud a personas sin seguridad social, reforzando el principio de universalidad, mientras que la bancada del PRI, a través de Mercedes Colín Guadarrama, planteó mecanismos de protección financiera para familias que enfrenten gastos catastróficos derivados de cáncer infantil y malformaciones cardiacas, una problemática que golpea severamente economías domésticas.
Movimiento Ciudadano, mediante la diputada Ruth Salinas Reyes, propuso crear una Plataforma de Consulta Ciudadana de Medicinas y Vacunas, herramienta que buscaría transparentar disponibilidad y distribución, frente a constantes quejas por desabasto
Todas las iniciativas fueron turnadas a comisiones legislativas para su análisis y dictaminación, en un proceso que podría redefinir el mapa institucional de la salud mexiquense.
Más fácil cerrar que invertir
El trasfondo del debate no es únicamente jurídico sino profundamente social, en múltiples regiones del Estado de México se han documentado carencias en hospitales y centros de salud, desde equipos inservibles hasta falta de especialistas, ante ese panorama, organizaciones civiles cuestionan si la solución pasa por extinguir organismos o por fortalecerlos.
La percepción ciudadana apunta a que el Gobierno estatal opta por reestructuraciones administrativas en lugar de invertir en rehabilitación hospitalaria, ampliación de servicios y contratación de personal, lo que alimenta la crítica de que resulta “más fácil cerrar hospitales” que mejorar su funcionamiento, una decisión que impacta directamente a cientos de miles de usuarios sin alternativa privada.
Porque cada ajuste institucional tiene rostro humano, el de pacientes oncológicos que esperan quimioterapias, el de niños con cardiopatías que requieren cirugías oportunas, el de adultos mayores que dependen de consultas periódicas, en ese contexto, cualquier transición debe garantizar continuidad operativa y suficiencia presupuestal.
La discusión legislativa apenas comienza, pero el desafío es mayúsculo, lograr que la integración con IMSS-Bienestar no se convierta en sinónimo de dilución de responsabilidades ni en pretexto para reducir infraestructura, sino en una oportunidad real para elevar estándares de atención, fortalecer hospitales y asegurar que la salud pública en el Estado de México deje de ser rehén de ajustes administrativos y se convierta en una prioridad tangible para la población.
