* En tanto, otros habitantes denuncian presunta de agua de un pozo del municipio para su venta a empresas privadas……
Por Mireya Álvarez
Lo que comenzó como un reclamo por mayor seguridad en el fraccionamiento Villas del Campo se ha convertido en un conflicto vecinal que exhibe presuntos abusos de poder, opacidad financiera y hostigamiento por parte de la Asociación de Colonos que administra el conjunto residencial.
Diversos residentes acusan que la mesa directiva del fraccionamiento ha operado con escasa transparencia en el manejo de las cuotas de mantenimiento, al no presentar reportes financieros ni permitir auditorías externas. Las reiteradas solicitudes de información, afirman los vecinos, han sido ignoradas o respondidas con represalias legales.
“No hay claridad sobre el uso del dinero ni voluntad de rendir cuentas, cuando pedimos informes o cuestionamos las decisiones, responden con amenazas o denuncias falsas”, declaró María Luisa García Andrade, vecina del lugar.
Según testimonios, abogados contratados por la Asociación han iniciado procesos judiciales contra residentes inconformes, mientras que otros relatan haber sido agredidos verbalmente o intimidados al acudir a las oficinas de administración.
En varios casos, los colonos aseguran haber recibido demandas infundadas como represalia por intentar participar en la vida comunitaria.
Ante la falta de diálogo, un grupo de habitantes decidió organizarse para impulsar una reforma interna que permita mayor transparencia, la renovación de la directiva mediante voto abierto y la modificación de estatutos y como medida simbólica, clausuraron temporalmente las oficinas de la Asociación, acción que derivó en una denuncia penal por despojo presentada ante la Fiscalía estatal.
Los colonos califican la reacción de la administración como un intento de criminalizar la participación vecinal, lo que ha intensificado la división dentro del fraccionamiento. A ello se suma la denuncia de que guardias de seguridad privada retiraron lonas informativas de una asamblea convocada por los vecinos, obstaculizando su derecho a organizarse.
“Esto ya no es una diferencia administrativa, es una violación sistemática a nuestros derechos. No podemos permitir que quienes deben representarnos actúen como represores”, sentenció García Andrade durante una reunión vecinal.
Los residentes han solicitado la intervención del Ayuntamiento de Calimaya y de autoridades estatales para garantizar que las asociaciones civiles se conduzcan conforme a la ley, evitando abusos y fomentando la participación ciudadana, mientras tanto, el movimiento vecinal continúa sumando apoyo y exige la apertura de auditorías independientes que permitan esclarecer el manejo de los recursos.
De manera paralela, otro conflicto se vive en la misma demarcación, donde habitantes de distintas comunidades de Calimaya realizaron una manifestación pacífica tras detectar pipas cargando agua de un pozo municipal, presuntamente para su venta a empresas privadas.
Los inconformes denunciaron que hasta 30 camiones cisterna fueron vistos extrayendo agua de un pozo ubicado en la cabecera municipal, sin registro ni autorización visible. “Se están llevando el agua de Calimaya”, reclamaron los manifestantes, quienes exigieron la intervención inmediata del organismo operador del agua.
De acuerdo con su testimonio, tras confrontar al personal del organismo, la extracción fue suspendida momentáneamente, pero horas después se reanudó el llenado de pipas sin control ni supervisión.
Los vecinos demandaron transparencia y rendición de cuentas sobre el destino del recurso, recordando que el agua “es un bien público, no un negocio privado”. Hasta el momento, el Ayuntamiento de Calimaya no ha emitido postura oficial sobre el caso.
Ambos conflictos, el vecinal en Villas del Campo y la supuesta venta irregular de agua, evidencian una creciente exigencia ciudadana por transparencia, legalidad y participación en la gestión de los recursos y los espacios comunitarios del municipio.
