Por Mireya Álvarez
En medio de una fuerte movilización por parte de autoridades estatales y federales, habitantes del municipio de Sultepec salieron a las calles para exigir la liberación de Antonio Flores, dueño de una carnicería local conocida como “El Gallito”, que fue asegurada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) durante la llamada “Operación Liberación”.
La intervención, realizada el pasado 21 de julio, forma parte de una estrategia del gobierno mexiquense para recuperar inmuebles supuestamente vinculados con actividades delictivas relacionadas con la “Familia Michoacana”. En este contexto, la carnicería “El Gallito” fue cateada y asegurada, y su propietario detenido por su presunta participación en el delito de extorsión agravada.
Sin embargo, la comunidad no está dispuesta a aceptar esta versión. “Antonio no es criminal, es un trabajador de toda la vida”, coreaban este viernes decenas de vecinos reunidos en la explanada central de Sultepec, donde también se concentraron para impedir que la carne incautada del establecimiento fuera distribuida por la Secretaría del Bienestar.
La molestia entre la población aumentó luego de que las autoridades intentaran entregar aproximadamente media tonelada de carne a los pobladores. “No queremos carne del gobierno, queremos a Toño libre”, expresaron varios ciudadanos, quienes consideran esta acción como una forma de “distraer” la atención y disfrazar lo que califican como una detención injusta.
De acuerdo con la Fiscalía, la acusación contra Antonio Flores se basa en una denuncia donde se le señala de exigir cuotas por la venta de carne y de amenazar a un comerciante foráneo que presuntamente se negó a comprarle. No obstante, familiares y vecinos aseguran que se trata de una fabricación de delitos. “Es una carpeta armada con testimonios de personas que ni siquiera son de aquí”, denunció César Flores, hermano del detenido.
El proceso judicial sigue su curso. Antonio permanece recluido en el penal de Tenango del Valle, en espera de que el juez determine su situación jurídica en una próxima audiencia. Mientras tanto, su negocio permanece cerrado y resguardado, aunque la fiscalía ya autorizó la entrega anticipada de los productos cárnicos asegurados, lo que provocó nuevas críticas entre la comunidad, que considera incongruente liberar la mercancía, pero mantener preso al dueño.
En tanto, el pasado martes 22 de julio, las protestas escalaron. Habitantes cerraron calles, increparon a funcionarios y denunciaron la falta de justicia en la región. “Aquí no hay crimen organizado, hay trabajadores. ¿Por qué no van a las zonas donde de verdad hay violencia?”, cuestionaron.
Durante la manifestación, también lanzaron mensajes a las autoridades estatales y federales. “Claudia Sheinbaum, Delfina Gómez: ustedes prometieron justicia, pero hoy encarcelan a inocentes”, se leía en las pancartas.
Las inconformidades no se limitan a la detención. Los pobladores reclamaron la presencia de fuerzas de seguridad encapuchadas durante los cateos, acusaron abuso de poder y demandaron que se revise el caso con imparcialidad. “No vamos a permitir que conviertan a Sultepec en un teatro de operativos mediáticos. Aquí se trabaja, no se delinque”, expresaron.
El operativo en Sultepec es parte de una serie de acciones emprendidas por el gobierno mexiquense para combatir estructuras delictivas en la zona sur del estado. No obstante, la detención de Antonio Flores ha encendido el debate sobre los criterios con los que se están realizando estos aseguramientos y sobre el riesgo de criminalizar a ciudadanos sin pruebas suficientes.
La comunidad exige la revisión inmediata del caso y la liberación de Antonio. Mientras tanto, aseguran que no aceptarán ni carne ni discursos: “No queremos dádivas, queremos justicia”, sentenciaron.
